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Como en toda la campaña electoral, los grandes temas del país ocupan un pequeño espacio en los debates públicos. Demasiada energía se dilapida en ataques personales y frases para la galería. Pero el futuro de Colombia está en juego en los próximos comicios y es importante que los asuntos cruciales sean debatidos y enfrentados. Es fundamental que se estudie con detenimiento la propuesta de Asofondos para la reforma del sistema pensional. El régimen de pensiones es uno de los pilares del contrato social moderno. Mientras la demografía y la baja esperanza de vida lo permitían, los que estaban activos financiaban las mesadas de quienes ya habían cumplido su ciclo productivo. Pero el aumento de la esperanza de vida explica, en buena medida, la pérdida de competitividad de Europa, la cual hace inviable la supervivencia de las empresas y exige crecientes compromisos fiscales.
La informalidad y el envejecimiento paulatino de la población colombiana son los dos detonantes de la crisis pensional. El problema no es la relación entre la fuerza laboral y los que aspiran a una pensión. Con muy pocos cotizantes estables, la idea de contar con un sistema pensional por repartición es un imposible financiero. La informalidad, que cobija a 2 de cada 3 personas económicamente activas, es demasiado elevada. Los que tienen empleos formales no pueden generar los recursos para cubrir las pensiones del número creciente de pensionados que, además, vivirán más años producto del aumento de la esperanza de vida.
Haber estimulado, como se hizo en los últimos años, que quienes estaban en el régimen de capitalización retornaran al régimen de repartición en Colpensiones, ha sido una de las evoluciones más irresponsables de la política social en Colombia. Antes de cumplir los 51 años, y producto del irracional subsidio que se otorga a las pensiones en el régimen público, miles de aspirantes a la pensión optaron por un sistema que, con la garantía de las finanzas públicas, ofrece en la actualidad unas mejores condiciones de mesadas. El argumento de fondo es que se trata de un pasivo adquirido por la Nación que los jueces se encargarán de hacer respetar, así las condiciones fiscales no lo permitan y pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica.
El subsidio fiscal para esta minoría de trabajadores está pesando cada día más en el presupuesto. En la actual vigencia, las pensiones ascenderán a 38 billones de pesos, consumiendo el estrecho margen de maniobra del gasto. Mientras más nos demoremos en implementar los cambios necesarios, peor será esta factura. Seguir subiendo impuestos o el endeudamiento, como lo proponen algunos, solo agravará la tendencia hasta comprometer el grado de inversión y asfixiar el crecimiento del sector productivo.
Regresar a un sistema de capitalización es la única alternativa, con los paliativos sociales que propone Asofondos para los sectores más débiles de la población. Este es un tema en el que el no se puede seguir postergando soluciones como lo hizo Santos. Entre las herencias perversas que esta administración le deja a la próxima está esta bomba de tiempo que, como una gangrena, consume el Presupuesto de la Nación. El ahorro y no la redistribución es la única salida para este torniquete fiscal que hemos creado, producto de la demagogia y la ausencia de acción. Publicado en Portafolio Abril 17 de 2018