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La agencia cubana Prensa Latina confirmó el pasado 1 de febrero que el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela y principal sostén del régimen de Nicolás Maduro, después de ponerse de acuerdo con su homólogo colombiano, Iván Velázquez, había lanzado la víspera una operación militar “contra las bandas de narcotraficantes que operan en la frontera con Colombia”. Agregó que, en esa operación, llamada Relámpago”, participaron 5.000 militares venezolanos y que éstos, unas horas después, “decomisaron 100 toneladas de droga, destruyeron 36 laboratorios [para fabricar cocaína] y destruyeron 21 aviones y 71 pistas de aterrizaje”.
Por otra parte, la Habana ratificó, a través de su órgano Prensa Latina, que el gobierno de Gustavo Petro había pedido ayuda al dictador Maduro para luchar contra el tráfico de drogas en la frontera y “defender la paz en Colombia, que es la paz de Venezuela y de toda la región”, según frase del general Padrino.
El texto de Prensa Latina no mencionó la palabra Catatumbo. Sin embargo, es en esa región colombiana donde la organización narcoterrorista ELN se ha fortalecido enormemente gracias a las órdenes del gobierno de Gustavo Petro a la fuerza pública de mantener una actitud de cese al fuego bilateral con esa banda. Ese reciente repunte del ELN se tradujo en agresiones sangrientas y masivas contra la población en el Catatumbo.
El ELN también tiene bases clandestinas en Venezuela, gracias a la complicidad de altos mandos militares de la dictadura de Maduro. Ambos actores han transformado al Catatumbo en una región sin ley por donde entra a Venezuela la cocaína destinada a la exportación bajo la dirección del cartel venezolano “de los soles”.
En 2018, el gobierno de Estados Unidos vetó toda entrada de Vladimir Padrino a su territorio por el papel que jugó en la consolidación del poder de Nicolás Maduro tras un fallido intento de golpe de Estado. En enero de 2019, Colombia incluyó a Padrino en una lista de personas prohibidas de ingresar al país. Según la revista Semana, Vladimir Padrino es buscado por Estados Unidos por ser un presunto miembro del “cartel de los soles”. De hecho, Washington ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Por eso la reunión de Iván Velázquez con ese personaje causó gran escándalo en Colombia. La senadora y candidata presidencial María Fernanda Cabal señaló que el abrazo entre Iván Velázquez y Vladimir Padrino significa que “Petro y su gobierno [están] arrodillados a los genocidas”.
Lo interesante es que al día siguiente de que Vladimir Padrino revelara que había lanzado una operación “contra los narcotraficantes”, Gustavo Petro difundió, el 2 de febrero, una foto en la red X donde aparece claramente la ubicación de la guerrilla ELN en la zona de frontera con Venezuela. Esa foto, eliminada por Petro poco después, muestra que, en la vereda de Puerto Barracas, en Tibú, Norte de Santander, se encontraba un importante destacamento del ELN.
¿Fue ese un mensaje de Gustavo Petro a la banda ELN para que abandonara ese punto y evitara que tanto las fuerzas colombianas que se encontraban en la región pudieran tender un anillo y atacarlos? ¿Fue esa difusión efímera un mensaje, para que ese destacamento del ELN pudiera escapar a cualquier incursión militar en Tibú, de las fuerzas comandadas por Padrino?
En todo caso, ni la prensa ni las autoridades de Colombia confirmaron que las huestes de Padrino hayan hecho los decomisos que mencionó Prensa Latina.
Inmediatamente, el vicealmirante (r) Pablo Romero Rojas, secretario general de la Asociación Colombiana de oficiales en retiro (Acore), acusó al presidente Petro de haber cometido el delito de traición a la patria pues la foto divulgada en la tarde del domingo 2 de febrero era “un mapa [colombiano] de operaciones militares en la zona rural de Tibú” y su divulgación fue un delito de “máxima gravedad”. Y detalló: “Cuando el mando militar le suministra al presidente de la República, en calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares, información reservada, secreta o ultrasecreta para una probable acción militar en una zona en crisis, como la que está viviendo el Catatumbo, lo hace teniendo la máxima confianza en que esa información no saldrá del entorno que la está manejando para los efectos de las operaciones”.
Varias personalidades políticas estimaron que ese acto de Petro pone sobre el tapete la cuestión de una acusación por traición a la patria. Según la revista Semana, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt dijo que esa difusión constituía un acto de “traición a la patria” pues Petro le indicó a la banda narcoterrorista ELN que había en curso “una posible operación militar” contra ella. “Esto equivale, no solamente a una violación de la ley de inteligencia, si no, más aún, a una conducta de traición a la patria”, subrayó Betancourt. Por su parte, Rodrigo Lara, exsenador liberal, dijo: “Hago un llamado a todos los que están pensando enarbolar banderas de campaña, que miren a Petro como un expresidente, de facto un expresidente, y que empiecen a pensar ya en lo que va a necesitar Colombia para solucionar los gravísimos problemas que enfrentará la administración que suceda a Petro”.
Pedir, como hizo Petro, a una dictadura comunista extranjera que lo ayude a luchar “por la paz” en Colombia y contra el tráfico de drogas en la frontera, por una parte, y alertar al mismo tiempo a la narcoguerrilla ELN para que evitara un choque frontal con la fuerza pública colombiana, al pasarles el plan de batalla del Ejército en el Catatumbo, constituye dos acusaciones precisas de traición a la patria a las que Gustavo Petro tendría que responder ojalá muy pronto.
Gustavo Petro es el presidente de Colombia que detenta el triste récord del mayor número de violaciones a la ley y a la Constitución en sus 25 meses de gobierno, en total impunidad. Hoy, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia un expediente contra él por presunta violación de los topes máximos en la financiación de su campaña electoral de 2022, que podría culminar en la pérdida de la investidura. La revista La Silla Vacía resume: “En el expediente de 314 páginas de conclusiones, más otras 8 mil páginas de pruebas, se detalla que en total habrían sido ocultados de las cuentas oficiales de la aspiración presidencial $6.011 millones [de pesos]. De ese monto, la campaña habría violado los topes de gasto en $5.355 millones sumadas la dos vueltas.”
Si prospera esa investigación, la acusación pasaría a la Cámara de Representantes para que ésta acuse ante el Senado al presidente de la República. Hasta hoy, Petro ha logrado congelar ese trámite, pero la unidad de su gobierno comienza a agrietarse y los cargos contra él, en las altas instancias, están pesando más y más.
5 de febrero de 2025