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La Suprema Corte de Justicia de México acaba de tomar una decisión que tendrá un impacto positivo no sólo en ese país sino en toda América Latina. Y sobre todo en Colombia. La SCJ estimó que un proceso penal en el que los órganos de policía y la administración de justicia violaron la ley y el debido proceso no puede existir, pues los derechos de las personas deben ser respetados “de manera irrestricta”.
En lugar que desatar controversias, ese fallo que honra a México como Estado de Derecho, y que fue acompañado de una orden de puesta en libertad inmediata y total de la joven francesa de 38 años Florence Cassez, detenida en ese país desde 2005, generó sobre todo unanimidades. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, respetó esa decisión y dijo que lamentaba que “existan errores o violaciones al debido proceso que impidan al poder judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona”.
El parlamentario priista Manuel Añorbe Baños afirmó que el poder legislativo “debe ser más exigente” con la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR), ante el incorrecto proceder de esas instituciones en el caso de Florence Cassez.
Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, señaló que tras el fallo de la SCJ se debe pasar ahora a establecer “la responsabilidad jurídica de los funcionarios que violentaron el debido proceso” y que “dilataron el acceso a la justicia” pues las víctimas de tales abusos tienen derecho a recibir explicaciones y obtener reparaciones.
González fue aún más lejos y tocó la esencia del asunto al subrayar que el papel de la policía y del Ministerio Público no es únicamente el de “atrapar” delincuentes: “Su papel es proteger el derecho de las víctimas, y esa es una diferencia del cielo a la tierra”. Y detalló: “Porque si en su lógica está atrapar delincuentes, entonces se vale todo con tal de incriminarlos. Se vale presentarlos ante los medios de comunicación para que se haga un juicio mediático sobre de ellos, se vale torturarlos, arraigarlos, inventarles pruebas y se vale hacer montajes”.
Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Florence Cassez.
El 8 de diciembre de 2005 ella fue objeto de una especie de secuestro-detención ilegal, en el que unos policías, ayudados por unos civiles, asaltaron el vehículo en que viajaba la joven con su amigo, Israel Vallarta Cisneros. Al día siguiente, tras haberla “ablandado” a golpes, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la obligaron a que jugara el macabro papel que ellos habían diseñado para que las cámaras de un canal de televisión filmaran en directo la supuesta “captura”, y mostraran a la joven extranjera, desde ese instante, como un elemento clave de una banda de secuestradores.
Pese a todo, Florence Cassez pudo, el 5 de febrero de 2006, denunciar desde la cárcel, mediante una audaz llamada telefónica a un canal de televisión, cómo había sido detenida y las incoherencias de la acusación. Aunque las autoridades reconocieron cinco días después que la captura filmada había sido un montaje para hacer esas imágenes, el director de la AFI, Genaro García Luna, tomó represalias y se convirtió en el peor enemigo de ella.
Logró que la transfirieran a una cárcel más dura, donde ella duró tres meses totalmente aislada y sin derecho a tener siquiera un abogado. Y la operación de las falsas acusaciones y de los falsos testigos comenzó a surtir efecto. Resultado: en 2008, ella fue condenada a 96 años de cárcel por secuestro. Ante las gestiones de su abogado, la pena fue “rebajada”, en 2009, a 60 años.
Sin embargo, el grotesco proceso alertó a Arturo Zaldívar, miembro del grupo de cinco magistrados de la SCJ que votó antier la libertad de Cassez. Desde marzo de 2012, Zaldívar propuso la liberación de la joven pues él había llegado a la conclusión de que, desde el principio, el “efecto corruptor” del montaje televisivo que presentó a la francesa como “secuestradora” anuló el principio de la presunción de inocencia e “impactó todo el proceso”. En cuanto a Genaro García Luna la historia termina mal: ante las arbitrariedades cometidas con otras personas tuvo que huir de México y hoy se encuentra escondido en Estados Unidos.
Al ordenar esa liberación, la Suprema Corte de Justicia consideró que Florence Cassez había sido víctima de las fallas del sistema judicial mexicano y que por eso no podía permanecer un día más en la cárcel.
Las autoridades mexicanas se muestras ahora dispuestas a revisar los procedimientos que se aplican para la detención de presuntos delincuentes, para que la fuerza pública obre según reglas bien determinadas y no como si estuvieran en un estudio de cine.
Tal veredicto, que honra a los magistrados mexicanos, podría convertirse en ejemplo y en jurisprudencia y ello podría ayudar a miles de personas que, en México y otros países, yacen en prisión tras detenciones arbitrarias o que han sido condenadas mediante falsas acusaciones presentadas por policías o magistrados corrompidos.
El ejemplo dado por la CSJ de México debería servir de ejemplo a Colombia, donde las fallas y las arbitrariedades judiciales han conocido en los últimos años niveles realmente pavorosos. Para citar un solo ejemplo: en los procesos de los altos oficiales condenados por los hechos del Palacio de Justicia de 1985, como el del Coronel Alfonso Plazas Vega y el del General Armando Arias Cabrales, se aplicaron montajes, métodos y prácticas ilegales y viciosos similares a los utilizados en México contra la ciudadana francesa Florence Cassez.
Pero como en la justicia colombiana no todo está perdido, como no todo estaba perdido en la justicia mexicana, pues todavía quedan en su seno magistrados honestos y determinados a combatir por la verdad judicial, tales aberraciones también pueden ser y serán sin duda corregidas, pues las pruebas de la inocencia de esos altos militares colombianos ha sido plenamente demostrada tanto por los abogados de la defensa, como por la Procuraduría General de la Nación.
Las sabias palabras de los mexicanos Enrique Peña Nieto, Arturo Zaldívar, Luis González Placencia y Manuel Añorbe Baños, resonarán sin duda en los altos medios judiciales de Colombia pues lo que dijeron tiene un alcance universal y porque lo que se acaba de ver con la liberación de Florence Cassez es que los errores y deficiencias del sistema judicial no solo existen en Colombia sino que son, desgraciadamente, un mal internacional que, empero, puede ser frenado y corregido a tiempo si los buenos magistrados-ciudadanos entran en acción.