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Firmado por François Godicheau, un profesor de civilización española, el texto de la IP ve en “la revuelta actual” —que comenzó el 27 de junio pasado—, un remedo de las violentas manifestaciones impulsadas en Estados Unidos por el grupo Black Lives Matters y pide que esa cruzada continúe, pues hacerlo es un “derecho”.
Dice: “La revuelta actual [en Francia], al igual que el movimiento Black Lives Matters (…) puede leerse claramente no sólo como un reclamo de ser parte del pueblo, sino también como una reafirmación del derecho a reclamar ser parte de él”.
Incendiar escuelas, alcaldías, almacenes, bancos, transportes públicos y herir a 808 policías y gendarmes e intentar quemar vivos, en su domicilio, a la esposa y a los dos hijos del alcalde de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, es un “derecho” para François Godicheau.
Gracias a ese texto, el progresismo devela su verdadera cara: la de una corrupción, como dice Barbara Lefevre. La cara de una admiración por la barbarie, por la guerra, soterrada y a la vez explícita, contra la libertad, el estado de derecho, la sociedad abierta y la civilización.
Esa actitud es aplaudida por la IP. Mostrar los motines como una reacción legítima de “los jóvenes” contra el “racismo sistémico” de la policía y de Francia en general es caer en la irracionalidad más abyecta.
Para sostener esa tesis, el artículo ofrece una serie de mentiras, así como elucubraciones lunáticas y, sobre todo, omisiones y silencios. Presenta a los incendiarios como víctimas, como combatientes desarmados que luchan contra una “República al servicio de una agenda racista y neoliberal”, contra un gobierno “autoritario”, que patrocina la “violencia contra los jóvenes de las periferias”.
¿Racista un país que trata con guantes de seda las violencias de los menores, incluso de aquellos que incendian bibliotecas y atacan ancianos y alcaldes? ¿Racista un gobierno que rechaza el sistema de “prevención en guardería” practicado en Dinamarca?
Leïla Chaibi, miembro del Parlamento Europeo y activista del único partido que alentó la revuelta de 5 días, hace parte de la dirección de la IP y no se deslindó de esa nauseabunda demagogia anti Francia. El 29 de junio, Petro llamó “marchas” a los ataques vandálicos que comenzaron ese día en Francia.
El artículo de Godicheau pide la censura de prensa, pide callar a los medios, sobre todo a los principales grupos de radio y televisión que cubrieron con eficacia y honradez los hechos del 27 de junio y los días siguientes.
En ese texto no hay un solo dato exacto de lo que ocurrió en esos días infernales. No hay una sola alusión a las 135 ciudades atacadas, a las 250 escuelas agredidas, a las 2508 bibliotecas, mediatecas, alcaldías y comercios degradados e incendiados. Nada sobre los 200 supermercados y almacenes saqueados, ni sobre las 300 sucursales bancarias y 250 estancos destruidos. Ni sobre los mil millones de euros perdidos por las empresas en esos 5 días de revuelta criminal.
El artículo guarda silencio sobre las 209 comisarías de policía atacadas salvajemente con vehículos-ariete, cocteles Molotov y torpedos de artificio, lanzados contra policías, gendarmes y bomberos. No explica por qué la violencia aumentó respecto de los desórdenes de 2005, ni por qué esta vez hubo, en Marsella, ciudad devastada por el tráfico de drogas, tiros de Kalachnikov y fusiles de caza.
El “análisis” de la IP oculta el hecho de que la opinión pública se mantuvo firme y no respaldó los bufidos de Jean-Luc Mélenchon, jefe de La France Insoumise. Oculta que la opinión pública, a través de los sondeos, respaldó la labor de la policía y pidió la intervención del Ejército en las calles para ayudar a sofocar la revuelta. Las mayorías dijeron por esa vía estar a favor de reforzar la fuerza pública y de luchar contra la impunidad que disfrutan los agresores mediante la excusa de que son menores de edad.
El objetivo de la propaganda de la IP, un eco mimético de lo que pretende la extrema izquierda francesa, es proyectar una imagen falsa de lo que ocurre en Europa. Intenta vender la idea de que todo acto del Estado democrático para proteger la población, los alcaldes, la empresa privada, el aparato educativo y cultural es un acto de fascismo. Pretende imponer la idea de que “la policía mata” —como gesticula Mélenchon—, y que debe ser desmontada para que reine una justicia de clase no democrática. El diagnóstico de la IP es aún más delirante cuando afirma que toda Francia va hacia el fascismo: “El asesinato racista de un adolescente por parte de un policía y los disturbios que siguieron muestran que la línea entre la derecha y la extrema derecha se está desdibujando”.
La IP fue creada en diciembre de 2018. Su secretariado es secreto (su página web no da nombres). Su “cabinet” son 10 personas. Su “council” lo integran 88 militantes y cuatro parlamentarios activos en una docena de países. Ninguno de ellos ocupa cargos de gobierno, salvo uno, Gustavo Petro, exguerrillero no arrepentido y controvertido nuevo presidente de Colombia. Entre esos directivos aparecen individuos condenados, como el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, el exjuez español Baltazar Garzón, Álvaro García-Linera, ex guerrillero de Bolivia, y el inglés Jeremy Corbyn, expulsado del Partido Laborista por sus posiciones antisemitas aplaudidas por David Duke, ex dirigente del Ku Klux Klan.
¿Qué visión constructiva puede salir de un grupo así? ¿Qué mensaje contiene el hecho de que Gustavo Petro aparezca en la dirección de la IP? Mediante las revueltas sangrientas de 2020 y 2021 en Colombia, muy similares a las de 2002 y 2023 en Francia, él aplicó la técnica de la insurrección “popular” para pedir el desmantelamiento de la fuerza pública. Gustavo Petro es el único miembro de la IP que dirige un gobierno y que llegó a ese cargo después de golpear a su país con alzamientos que dejaron centenas de muertos, heridos y lisiados de por vida. Él está realizando ahora como jefe de Estado ese desmantelamiento. ¿Es el anuncio de lo que le espera a Francia?
La IP cree que es inadmisible que las autoridades acudan a las fuerzas del orden para frenar los planes del islamo-izquierdismo que trata de influir sobre la inmigración norafricana y subsahariana para reforzar su perspectiva de toma del poder.
Para darle un barniz de respetabilidad a esa campaña, el autor le atribuye a un ex jefe de la policía de Toulouse, Jean-Pierre Havrin, frases explosivas que éste no ha pronunciado, como aquella de que la policía se habría convertido en “la enemiga del pueblo”. Inútil buscar esa frase. Havrin deplora que la “policía de barrio” –un concepto angelista utilizado el siglo pasado cuando Francia no tenía el problema de la inmigración ilegal masiva, ni había sido golpeada por el terrorismo islámico, ni por la guerrilla territorial del tráfico de drogas—, haya sido substituido por esquemas de seguridad menos laxistas. Havrin quiere “reanudar el diálogo con la gente actualmente inexistente”.
Sin investigar nada, la IP cree saber más que las autoridades sobre la muerte de Nahel Merzouk causada por un disparo del policía que le ordenó detener la Mercedes matriculada en Polonia con la que había estado a punto de atropellar a un ciclista. El artículo omite el hecho de que el policía fue detenido y que la justicia abrió una investigación. François Godicheau descarta el análisis de lo que ocurrió exactamente dentro de ese auto y olvida que los policías afirman haber estado en estado de legítima defensa pues Merzouk trató de aplastarlos contra un muro y que uno de los testigos mintió cuando dijo que un policía había golpeado a Nahel en la cara, detalle que no fue confirmado por la autopsia. Otras divergencias subsisten sobre el análisis-audio de un video privado que una Ong le cedió a France 2 sobre las frases cruzadas entre Nahel y los dos policías.
El artículo inventa que “la miseria, los ghettos urbanos, la falta de futuro, la exclusión causada por el creciente racismo de Estado” son los factores que empujan a la violencia a “los jóvenes”. Sin embargo, decenas de libros y estudios universitarios demuestran que en Francia el comunitarismo, el fundamentalismo y la ruptura de la unidad familiar son los generadores de ese fenómeno. El argumento de la “relegación”, tan utilizado por la diputada ecologista Sandrine Rousseau —ella estima que la policía no debería emplear armas ni siquiera en la lucha contra el terrorismo—, impide ver otro hecho: que, en estos 5 días, “en las zonas donde el tráfico de drogas es importante, hubo menos motines”, según el sociólogo Hugues Lagrange. Los capos del tráfico de droga saben que los disturbios atraen la mirada de la policía sobre su business.
El texto del profesor Godicheau llega al clímax de lo grotesco al escribir que Francia es un país donde “la policía revienta cráneos y estalla ojos todos los días”. El presenta las “reglas de utilización de armas en casos de rechazo de obedecer”, plasmadas en la ley de seguridad, como un capricho racista de los sindicatos de policía para poder matar árabes y negros. El vocero de la IP no entiende por qué obedecer la orden de un policía de parar el carro es importante. El olvida el hecho de que el terror islámico utiliza en Europa e Israel camiones y vehículos para asesinar inocentes. Olvida que eso ocurrió varias veces en Francia y, en particular, en Niza, el 14 de julio de 2016, cuando un tunecino, agente del Estado Islámico, segó con un camión la vida de 86 personas e hirió a 434, dejando 2 429 víctimas directas e indirectas, muchos con secuelas no curadas hasta el día de hoy. Esa tragedia no es para François Godicheau un elemento de análisis y aquellas víctimas no merecen, para él, ninguna consideración.
Definitivamente, el bernismo es la enfermedad senil del izquierdismo americano devorado por el totalitarismo woke
10 de julio de 2023