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Los colombianos iremos a las urnas el 29 de mayo para elegir el nuevo presidente de la República, pero no sabemos si las máquinas de la Registraduría que recibirán y contarán los votos obtenidos por los siete candidatos están en condiciones de hacer esas sumas correctamente.
Esa es la conclusión lógica pero desesperante que sale del anuncio hecho por el fantasmal Consejo Nacional Electoral. Este organismo, declaró, cinco días antes de esa elección, como si se tratara de un tema secundario, a través de uno de sus directivos, Luis Guillermo Pérez, que “no habrá auditoría internacional”.
Para los profanos eso quiere decir que el costoso –y dudoso– sistema de computadores y programas (software) que compró la Registraduría a finales del año pasado a la firma española Indra, no será examinada por expertos independientes. No habrá ese examen indispensable a pesar de que dicha operación, que la prensa llama “auditoría internacional” es pedida sobre todo a raíz de lo ocurrido el 13 de marzo, día de la elección legislativa. Dos expresidentes, numerosos congresistas, varios partidos, muchos líderes políticos, 35 asociaciones de militares y policías en uso de buen retiro, el mismo CNE y el gobierno del presidente Iván Duque, piden la inspección rigurosa de los sistemas informáticos y de seguridad de la aplicación Infovotantes.
Los miles de incidentes, errores y delitos contra la pureza del sufragio, cometidos durante el escrutinio del 13 de marzo, le mostraron al país que algo muy grave ocurría en la Registraduría: el software de Indra y otras máquinas de esa institución generaron un caos y los resultados finales fueron cambiados sin razón alguna, para favorecer al partido de la candidatura extremista de Gustavo Petro.
Ese es el contexto del problema de la “auditoria internacional”.
La pedida investigación ha sido negada y así la Registraduría podrá abstenerse de tomar medidas para desbaratar el extraño montaje que creó el fraude del 13 de marzo.
Bajo el mando de Alexander Vega Rocha, la Registraduría hizo, en realidad, todo lo posible para bloquear esa investigación. A saber: 1.- Compró el programa defectuoso de Indra sin permitirle a otras empresas presentar sus servicios en una licitación. 2.- Cuando las primeras advertencias aparecieron sobre la obscura trayectoria del software de Indra, Vega rechazó las acusaciones. 3.- Cuando la presión ciudadana aumentó, él alegó que el CNE no disponía del dinero para pagar a los eventuales investigadores. 4.- Cuando el ministerio de Hacienda asignó la partida para pagar esa “auditoria”, Vega frenó de nuevo: el software de Indra es confiable, dijo. 5.- Días después, aceptó la idea de la “auditoría” pero la firma alemana que escogió, Dermalog, declinó la oferta. Según César Abreo, el presidente del CNE, ella objetó que sus técnicos no hablaban español (lo cual no es un obstáculo absoluto) y porque consideraban que no contaban “con el tiempo suficiente para ejecutar el contrato”.
6.- Finalmente, la firma Datasys, de Costa Rica, que había sido consultada por el CNE a mediados de este mes, propuso hacer la tal “auditoría”. Ese nombre comenzó a circular pero un día después el CNE anunció que Datasys, por “falta de tiempo”, no había entregado la documentación requerida. En realidad, la víspera la senadora María Fernanda Cabal había denunciado que esa empresa carece de la experiencia necesaria para realizar la investigación requerida pues ella no ha intervenido en un caso parecido y que por ello la “auditoria” que Datasys proponía no ofrecía garantías al electorado. Reveló también que el ingeniero Dennis Cascante Hernández, de Datasys, había firmado un contrato por 1.000 millones de pesos con la Registraduría y que Cascante había sido detenido en 2013 en su país por presunto enriquecimiento ilícito en negocios que tuvo con el Tribunal Electoral de Costa Rica. En Honduras, Datasys trabajó en unas elecciones generales que fueron un fracaso desde el punto de vista tecnológico, agregó la senadora.
Otro índice que preocupa a la opinión pública es que Datasys, según la Radio RCN de Bogotá, “ha tenido vínculos con Thomas Greg & Sons, la compañía que en las últimas décadas se ha quedado con grandes contratos de la Registraduría para el desarrollo de las elecciones”.
Cuatro días antes de la votación presidencial, la única salida que propuso el CNE fue trasladar a los partidos la vigilancia de la elección del 29 de mayo. “Asuman la responsabilidad”, les lanzó Luis Guillermo Pérez, antes de ordenarles: “postulen sus testigos”. Es sabido que los actores de control no son los testigos sino los jurados de las mesas de votación y que éstos ya han sido designados por el CNE y que en esa designación el partido favorecido es, una vez más, el partido de Gustavo Petro, quien podría tener 39.840 jurados de votación, mientras que el partido del favorito del bando democrático, Federico Gutiérrez, Fico, tendría únicamente 16.000 (1). En la elección del 13 de marzo, el partido de Petro también fue aventajado por la Registraduría y el CNE en el asunto de los jurados de votación.
Ese cúmulo de maniobras y las dilaciones (2) del Registrador y del CNE en la lucha para descubrir si hay programas ilegales en el sistema que realizará el conteo de votos, ha hecho que el ex presidente Andrés Pastrana llegue a la conclusión, que millones de colombianos comparten, de que no existen las barreras que impidan un posible fraude electoral el próximo domingo. En una carta que le envió al presidente Iván Duque, Pastrana afirma que, en su opinión, se está fraguando un “golpe de Estado” contra la democracia. “El golpe de Estado está dado, señor presidente. Por el bien de Colombia, deshágalo”, exhortó el líder conservador en su mensaje. Hasta el momento de redactar esta nota, Iván Duque guarda silencio.
(1).- Ver mi artículo en La Linterna Azul, Bogotá
lalinternaazul.info/2022/05/1…
(2).- Este asunto del software de Indra era conocido desde enero de 2022. Ver mi artículo “Colombia: Una sombra planea sobre los escrutinios de marzo y mayo”, del 17 de enero de 2022
25 de mayo de 2022