/?w=256&q=100)
“Los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por las FARC y el ELN, 1964-2012” es un estudio encomendado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en mayo de 2021 a tres historiadores colombianos —Gustavo Adolfo Vanegas, Franklin Alberto Suárez Tangarife y John Bayron Bedoya Sandoval—.
El manuscrito fue entregado al CNMH en marzo de 2022 y dos meses después estuvo listo para ser impreso. Sin embargo, ese importante trabajo nunca llegó a ser un libro. La nueva dirección del CNMH prohibió su impresión y promoción.
Solo hasta el pasado 12 de julio, María Gaitán Valencia, la directora de esa entidad pública desde la llegada de Gustavo Petro al gobierno, aceptó dar algunas explicaciones sobre ese misterioso acto de censura, en vista de que, en mayo de 2024, Darío Acevedo Carmona, doctor en historia y director del CNMH en ese entonces y hasta el 6 de agosto de 2022, le pidió una explicación al respecto.
En el lenguaje más burocrático posible, María Gaitán Valencia (o María Valencia Gaitán) indicó que un organismo interno había decidido “no aprobar [la] publicación en razón de (sic) evidentes falencias y del no cumplimiento de los requerimientos exigidos por el CNMH”. Agregó que “los contratistas” (así es como ella califica a los autores del libro censurado) “no habían efectuado los ajustes solicitados en anteriores revisiones” y que el estudio de ellos “no cumplió con los parámetros y lineamientos establecidos” para ser publicado.
En lugar de hablar claro y mencionar exactamente cuáles habían sido los engaños (tal es el significado del vocablo “falencias”) de ese trabajo y cuáles habían sido las “revisiones” pedidas y no aceptadas por los tres historiadores, la directora del CNMH se fue por las ramas. Insistió en que ese trabajo no “contribuye a la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas y de otros actores sociales y de distinto orden, ni puede aportar al esclarecimiento de la verdad en términos de dilucidar casos, situaciones y problemáticas que han afectado a la sociedad y a la propia institucionalidad en el contexto del conflicto armado interno”. Según ella, ese libro tampoco “contribuye a la reparación colectiva y simbólica de las víctimas y de la sociedad.”
Ese lenguaje pseudo técnico difícilmente oculta el motivo real de tal censura: los hechos y episodios analizados por los tres historiadores y sobre todo las conclusiones a las que llegaron sobre los crímenes y atrocidades cometidos durante 48 años por las FARC y el ELN no coinciden con la visión progresista que tiene al respecto la nueva dirección del CNMH.
Darío Acevedo Carmona dice: “Una de las razones para la realización de ese trabajo de investigación era recordar la memoria de las incontables víctimas en toda Colombia y donde operan y operaron ambos grupos subversivos, y la necesidad perenne de dar a conocer un problema que aún continúa vigente en nuestra sociedad: la victimización de las personas en el conflicto armado desde hace más de medio siglo”.
María Gaitán Valencia muestra en su carta una idea errónea del trabajo historiográfico y sus métodos. Considera que la absoluta libertad de pensamiento y de investigación no es la condición básica para adelantar esa labor, sino que ésta debe estar al servicio de una ideología y de una línea política predeterminada y brutalmente exigida a los historiadores. Por otra parte, ella confunde la labor historiográfica con una especie de funcionalismo, en el que el trabajo del historiador debe servir para “dilucidar casos” y “reconstruir” una “memoria”.
Ese enfoque emerge entonces como un obstáculo al conocimiento, como un impedimento para llegar al origen y a la coherencia de los eventos. El trabajo del historiador no pretende aclarar misterios o validar creencias políticas o una memoria incompleta, sino indicar el sentido, el camino, que nos aproxima a la verdad de los hechos.
Darío Acevedo Carmona recuerda que el libro que él encomendó y que fue redactado con rigor profesional pero censurado “es una contribución a los estudios que buscan ampliar el horizonte de comprensión sobre el conflicto armado interno en Colombia”. Explica que, gracias a “una documentación exhaustiva y con amplias referencias sobre situaciones dolorosas, ceñidas a fuentes constatables, los autores examinaron los hechos trágicos cometidos por dichas guerrillas y el impacto de esas atrocidades sobre las víctimas”.
En esa sustancial investigación el CNMH movilizó fondos del erario nacional, dineros que están ahora perdidos sin razón por un acto arbitrario de censura oficial. Es por ello el momento de ofrecer explicaciones. María Gaitán Valencia debería revelar si ese error será enmendado con la impresión de ese libro.
Darío Acevedo Carmona dice: “Una de las razones para la realización de ese trabajo de investigación fue recordar la memoria de las incontables víctimas en toda Colombia y donde operan y operaron ambos grupos subversivos, y la necesidad perenne de dar a conocer un problema que aún continúa vigente en nuestra sociedad: la victimización de las personas en el conflicto armado desde hace más de medio siglo”.
Sin ese viraje, el CNMH habrá muerto de manera vergonzosa. Ocultar y/o maquillar los crímenes perpetrados por las organizaciones narcoterroristas que han ensangrentado a Colombia durante más de 48 años, y que siguen en esa vil actividad, equivale a oponerse a la paz, a la reconciliación, a la reparación moral y material de las víctimas.
Si el CNMH está dispuesto a cambiar de enfoque e impedir que esa entidad cometa nuevos actos de censura y de obstrucción a la verdad histórica, el primer gesto consistiría en otorgar a sus investigadores la más total libertad.
28 de julio de 2024