Desobediencia civil

Con buen criterio, el Gobierno ha tomado la determinación de poner fin al enclaustramiento colectivo obligatorio de manera gradual. No obstante, dispuso que los mayores de 70 años deben permanecer confinados en sus viviendas. “Es una medida que puede sonar incómoda, pero que estamos haciendo para proteger vidas”, dijo el presidente. Diferente es la posición de Ángela Merkel: “Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético”. ¿Quién tiene razón?

La Constitución señala que uno sus objetivos es asegurar a los integrantes de la comunidad nacional el bien preciado de la libertad. Por eso dispone que las autoridades de la república están instituidas para proteger “a todas las personas residentes en Colombia, en su vida… y demás derechos y libertades”; y que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley”. Una de sus consecuencias consiste en que tenemos “derecho a circular libremente por el territorio nacional”.

Escribe el filósofo André Comte-Sponville: “Soy libre de actuar cuando nada ni nadie me lo impide, (pero) mi libertad acaba donde comienza la de los demás. Este es el núcleo de la cuestión. No hay derechos absolutos justamente porque vivimos en sociedad. De allí que, cuando apareció la pandemia, nuestro Gobierno haya establecido, para reducir la velocidad de la contaminación, el aislamiento estricto de la población con excepciones comprensibles: los integrantes de los cuerpos de seguridad, el personal de la salud, quienes participan en las cadenas de producción y distribución de bienes básicos, etc. Así se conjugan adecuadamente los valores de solidaridad y libertad. Nos protegemos unos a otros.

Permitir la libre circulación de los ciudadanos dentro de los municipios en los que habitan, significa que, cumpliendo ciertos protocolos, pueden hacerlo sin generar riesgos mayores de contaminar a otros usuarios de las vías públicas que los considerados admisibles por las autoridades. Como nadie ha dicho que los ancianos seamos portadores de una mayor carga viral, aunque sí más lábiles, la única razón para que se nos mantenga bajo arresto domiciliario consiste en protegernos contra la enfermedad. Si esto es posible nuestra libertad se va al carajo y nos podrían imponer en adelante hábitos sanos, tales como comer muchas verduras, evitar el licor, hacer gimnasia, abrigarnos bien e ir a misa los domingos. Con esta misma lógica, un Estado un tris más paternalista debería prohibirles a los jóvenes los deportes de alto riesgo, el ajedrez, por ejemplo, que es sedentario.

Hay otra cuestión constitucional: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta…” Esa es la condición que padecen muchos ancianos pobres. El gobierno lo sabe, razón por la cual, desde hace varios años, les otorga subsidios.

La rebeldía que las afrentas a la libertad y la justicia despiertan viene desde tiempo remotos. Narra Platón en la Apología de Sócrates que al comparecer su maestro ante la Justicia advierte que si fuere absuelto de las imputaciones que se le formulan continuaría cumpliendo la orden recibida de los dioses: “Vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás”. Sócrates atribuye la condena a muerte a que no ha pedido clemencia ni se ha humillado ante sus jueces. Acepta pagar con la vida su fidelidad a su vocación filosófica: ir por la ciudad instando a sus interlocutores a que descubran la insuficiencia de sus conocimientos, e invitándolos a que–tanto como él mismo- persistan en la búsqueda de la sabiduría, o sea de la libertad y la justicia. En la línea de Sócrates encaja el gran disidente estadounidense del siglo XIX Henry David Thoreau. Rehúsa pagar sus impuestos por dos motivos que juzga poderosos: se mantiene la esclavitud, que, con razón, considera contraria a los valores constitucionales, y a que el Gobierno adelanta una guerra moralmente reprochable contra México.

Otro paladín de la resistencia pacífica contra los abusos fue Martin Luther King, el artífice de la lucha contra la segregación racial de los negros, tarea que siempre adelantó con fundamento en sus valores cristianos y liberales. En su carta desde la prisión de Birmingham de abril de 1963, a la que fue conducido por realizar actos no violentos de protesta, señaló que: “Cualquier ley que eleve la personalidad humana es justa. Cualquier ley que degrade la personalidad humana es injusta. Todas las leyes segregadoras son injustas porque la segregación deforma el alma y daña la personalidad”. No cabe duda de que los ancianos estamos siendo discriminados, aunque por distintas razones: se nos niega, como si fuéramos minusválidos, el derecho fundamental a la libertad de movimiento de que pronto gozarán los demás grupos de edad. Y se procede así por una sola razón: que somos más vulnerables frente a la pandemia. ¡Cómo si no lo supiéramos; cómo si fuéramos incapaces de comprenderlo y de cuidarnos!

A esta violación de la libertad es preciso añadir la injusticia gravísima que se comete manteniendo confinados a los ancianos que viven del rebusque en las calles, no reciben apoyo estatal o este es precario. Mantenerlos bajo arresto domiciliario los puede colocar en un dilema inaudito: cumplir la orden del Gobierno o afrontar la tortura del hambre y, quizás, la muerte por inanición.

Nuestro Gobierno no obra de mala fe. Lo hace convencido de que debe proteger a los ancianos. Está bien que lo haga por medios pedagógicos, no represivos. A veces los viejos somos un poco sordos, pero muchos, como Sócrates a nuestra edad, razonamos bastante bien, tal vez mejor que otros…Esa intensa actividad persuasiva, aunque respetuosa de la libertad, serviría para evitar la generalización de actos de desobediencia civil, los cuales bien pueden ocurrir dentro de una antigua tradición de resistencia inerme ante la arbitrariedad. De mi parte anuncio, en esta que es mi página oficial, que solo cumpliré aquellas reglas restrictivas de mi libertad que considere justas y razonables.