El Centro Democrático ha divulgado once puntos que constituirían el eje de una propuesta de reforma electoral que se propone presentar al parlamento en la legislatura que se abre el 20 de julio. Urgente, por lo demás, para rescatar nuestro sistema electoral del fangal inmundo en que se encuentra atollado, como lo corroboraron los pasados certámenes para elegir congreso y presidente.

Con miras a enriquecer el proyecto quiero expresar algunas ideas, unas ya lanzadas en varios escritos pero que ahora quisiera enfatizar, y otras nuevas, como corresponde a ciertos puntos que contempla el bosquejo del CD. Me concentraré en cuatro tópicos: voto obligatorio, voto preferente y circunscripción nacional para el senado, voto electrónico y organización electoral, y reelección presidencial.

Disiento de la propuesta de incorporar en nuestro sistema legal el voto obligatorio. La abstención no se corrige con medidas impositivas, obligando al ciudadano a concurrir a las urnas. La calidad de las decisiones democráticas no se mejora si la cuantía de los votantes aumenta y la abstención se reduce a la fuerza. Por el contrario, una masa llevada con amenaza de castigo a las urnas, pero que poca atracción siente por hacerlo o escasa cultura política posee, le puede agregar mayor incertidumbre a las decisiones que se toman, o coloca a numerosos ciudadanos escépticos o desentendidos más fácilmente en las fauces de los curtido compradores de votos. Confundir deber ciudadano con obligación es bastante arriesgado y pocos réditos acarrea, si de vigorizar la democracia se trata.

Se debiera apelar a mecanismos diferentes, de formación ciudadana, de transparencia, de sana y profunda discusión de los problemas ante los ciudadanos, para que los certámenes electorales sean atractivos y congreguen a porciones mayoritarias y significativas de los electores, y no utilizar el fácil expediente de la coacción.

Saludo que el CD haya decidido por fin proponer la eliminación del voto preferente, para que se instaure el mecanismo de las listas cerradas. Es comprensible la inquietud manifestada en el texto de los once puntos en cuanto a que de todos modos hay que buscar “mecanismos de protección de minorías y disidentes.” Efectivamente. Al instaurar las listas cerradas, la ley debería establecer mecanismos de configuración democrática de las listas dentro de los partidos.

En este particular hemos propuesto de tiempo atrás el de la consulta interna, con la condición de que se realice simultáneamente en todo el país y para todos los partidos, ordenada así por ley. De ese modo se evita que unos partidos incidan en la escogencia de otros, de suerte que cada sufragante solo podrá votar por un partido, el suyo. Es trasladar el voto preferente a las decisiones internas de los partidos, asegurando que las minorías y disidentes se expresen y logren un lugar dentro de las listas. He escuchado otras sugerencias, más tradicionales, como la definición de las listas por convenciones.

No es descartable, pero al final la pregunta es la misma: ¿y cómo hacer que estas sean democráticas, si no es por la participación masiva de los

militantes y simpatizantes de cada partido, expresadas en votaciones internas?

Sin embargo la eliminación del voto preferente no es suficiente para corregir las graves deformaciones del sistema electoral actual y fortalecer los partidos, que son hoy apenas remedos de tales, simples oficinas de avales de clanes familiares afincados en jugosas financiaciones y dádivas oficiales.

Es imprescindible eliminar la circunscripción nacional para el Senado. No hay representación nacional cierta si correlativamente no existe una representación regional equilibrada. Los comicios del 9 de marzo arrojaron una composición del Senado por completo inequitativa, dando abultada representación a ciertas regiones (por la influencia de la mermelada y otros vicios) y negándosela a vastos territorios de la nación. Lo que no ocurriría si la representación fuera regional, como en la Cámara, de suerte que se cumpliera con dar vocería a todos los departamentos, pero ponderándola según la población de cada uno. De nuevo, y como en sus orígenes fue pensada la circunscripción nacional, debiera conservarse solo para minorías políticas (y solo políticas), con unos escaños limitados previstos con ese fin.

Saludo también que la propuesta contemple el voto electrónico. Es comprensible la prevención de algunos por la utilización de esta herramienta tecnológicamente avanzada, conocida la experiencia negativa de un país como Venezuela, donde se la ha utilizado fraudulentamente para alterar la voluntad popular y mantener el actual régimen tiránico. Contra semejantes amenazas hay que estar alerta. No hay sistema perfecto; pero no es defendible que mantener el actual sea menos riesgoso, como lo acaban de probar los últimos certámenes en Colombia. Que el sistema electrónico es más avanzado y fiable, no cabe duda. De lo contrario, operaciones como las bancarias, que requieren la máxima seguridad y eficiencia y que son tan sensibles para el funcionamiento del mundo moderno, no se realizarían por estos medios electrónicos sino por los viejos de la atención manual por ventanilla y la contabilidad llevada a mano en vetustos y engorrosos libros.

Claro que hay que asegurar que su operación se realice por una entidad independiente, ajena al manejo clientelista de los partidos, como el actual aparato electoral del país. Supervigilada por los mismos partidos que participan en la contienda, sí, pero ajena a su control e intervención. Existen poderosas empresas de software y hardware a nivel internacional que pueden proveer la tecnología y los servicios requeridos para ese fin, y que al final de cuentas pueden costar menos que el ineficiente y corrupto engranaje electoral actual.

Quedaría así abolido todo el aparataje electoral, que sobraría, dejando solo una sala para resolver las demandas que generan los procesos electorales, localizada por ejemplo en el Consejo de Estado. Como lo sugieren los once puntos del CD, ello conllevaría suprimir las inscripciones, por ejemplo; pero también los jurados de votación, los testigos electorales, los escrutinios, las actas, las urnas triclaves y toda esa parafernalia que ayuda más a desvirtuar que a ratificar la voluntad del elector. De resultas podría lograrse una mayor participación y reducir la abstención.

Finalmente refirámonos a la reelección presidencial inmediata, aunque el punto no haga parte del listado de ideas presentado por el CD. Es hora, en

todo caso, de que el uribismo se ocupe de tan espinoso tema y coja el toro por los cuernos. Es cierto que el presidente Santos de manera oportunista ha

propuesto eliminarla, luego de haberla utilizado en su favor, y de qué manera. Doblemente oportunista porque no hace mucho, para ilusionar a gobernadores y alcaldes y buscar que se sumaran a su ambición reelecionista, había sugerido la conveniencia de incluir en la Carta la reelección de dichos mandatarios.

Lo anterior es cierto, pero no nos exime de entrar en tal materia con decisión. Comparto en este sentido la sugerencia de Saúl Hernández Bolívar en cuanto a que el CD debiera apoyar esa modificación constitucional, aunque de manera alguna respaldar la extensión del período presidencial a 5 o 6 años. Se ha dicho –y es aceptable en teoría- que la figura de la reelección permite que los ciudadanos puedan premiar las buenas gestiones renovándoles el mandato, y castigar las malas negándoles su continuación. Así como la reelección de Álvaro Uribe parecía avalar la primera tesis, la reciente reelección de Juan Manuel Santos tendería a desmentir la segunda. Contradictorio.

Sobre el particular se ha acotado que es plausible mantener la reelección inmediata pero mejorando el sistema electoral y la ley de garantías. De nuevo, en teoría, la explicación es congruente: con un sistema electoral limpio, se premia a los buenos y se castiga a los malos gobernantes. Pero nuestra realidad no ratifica el vaticinio. ¿Por qué no poner los pies en la tierra y razonar al contrario? ¿No sería mejor quitarle a nuestro sistema político actual ese factor de distorsión, y esperar a que en el futuro, si la transparencia y eficiencia de nuestro sistema electoral se imponen, que las nuevas generaciones decidan si se reimplanta el esquema? Porque dada la corruptela y descomposición que reinan hoy en la organización electoral, que no serán superables fácilmente, mantener la reelección presidencial inmediata es un aliciente más para las peores prácticas clientelistas.

Reforma electoral urgente