El drama de ser una víctima en Colombia

Pocas veces aplicó tanto la frase popular “póngase en los zapatos del otro” como en el caso de las víctimas en Colombia, esas víctimas de las que a diario los medios de comunicación informan casi que por inercia y que para la audiencia han llegado a convertirse en rutina, una tan cruel que ha llevado a la gran mayoría de colombianos a ver el tema con desinterés e incluso con desidia.

Para quien ha sido víctima nada es fácil. Solo alguien ‘en sus zapatos’ tiene la capacidad de hablar de dolor, de saber lo que es la impotencia, de transmitir lo que es saberse ignorado por las distintas instancias creadas para ‘defenderlo’.

En la mayoría de casos lo difícil no es que lo hable, es conseguir que alguien lo escuche. (Galería: El drama de ser una víctima en Colombia)

Primer acto: El show gobiernista con las víctimas de fondo

Comencemos por remontarnos al pasado 10 de junio de 2011. El escenario, el Congreso de la República; los testigos, más de 600 invitados, entre ellos el secretario general de Naciones Unidas, varios ministros y claro está el presidente Santos; el tema, la firma de la Ley de Víctimas. El hecho fue registrado así por Semana, El Espectador, Terra, Telesur, entre otros.

En un grandilocuente discurso, Santos sostuvo que sancionar la Ley le hacía sentir que había valido la pena su llegada a la Presidencia de la República e incluso fue más allá al decir que “las reparaciones son mucho más que un cheque o un pedazo de tierra, la reparación implica ayudar a las víctimas a reconstruir sus proyectos de vida y a eso le apostamos de manera primordial”.

Foto: Cortesía Vanguardia

Siguiendo en ese 10 de junio, Santos Calderón recalcó que las víctimas tendrían la opción de recibir un mayor resarcimiento en metálico si decidían suscribir un contrato de transacción renunciando a una posterior demanda contra el Estado. Pero recordó que toda víctima mantendría su derecho de demandar y obtener reparaciones de los criminales o grupos armados ilegales que hayan sido sus victimarios.

La escena tenía un final feliz para el Gobierno que se apuntaba un logro mediático de grandes proporciones, no tanto así para las víctimas que no sabían el calvario que se les venía encima. (Lea: Fundagán lanza portal para atender a víctimas del conflicto)

Segundo acto: El drama de ser una víctima en Colombia

Imagínese en cualquier municipio de Colombia, uno de esos azotados por la violencia, olvidados por el Gobierno y en el que usted con trabajo duro se levante a diario a trabajar. El país tiene bastantes, lo que hace que resulte fácil el ejercicio.

Un día cualquiera la violencia toca su puerta en forma de secuestro, de acto terrorista, de tortura, de abigeato, u otro de los delitos considerados por el Estado causales para que usted sea declarado como víctima.

La Colombia rural, en un gran porcentaje, desconoce los mecanismos establecidos para defender sus derechos, por lo que no resulta complejo imaginarse la cantidad de casos que se quedan sin ser denunciados.

Para quienes por el contrario saben de aquello a lo que tienen derecho y deciden emprender las acciones correspondientes, lo hacen sin imaginarse el calvario que tendrán que enfrentar, sin sospechar que las acciones que decidan emprender puede ser largas y mucho menos que su reparación puede tardar hasta 10 años. (Lea: Fundagán brindará asistencia personalizada a víctimas del conflicto)

Trataremos de hacer la descripción de la manera más sencilla y didáctica posible, pero trate de conservar la calma. Piense que una cosa es lo que nosotros quisiéramos y otra bien distinta la que el Gobierno plasmó en la Ley.

El ganadero víctima se acerca a la Personería que tenga más cercana y allí debe pedir un turno, que en muchos casos están entregando ya para 2014.

El día que la persona logra acceder a la cita debe diligenciar un formulario, tarea que en palabras de Alfonso Prada, personero de Valledupar, tarda aproximadamente una hora y media.

El formulario tiene más de 6 hojas

Posteriormente esos papeles viajan a Bogotá y llegan a la Unidad de Víctimas, en donde estudiarán el caso y en un plazo no mayor a 60 días se le entrega a la persona una respuesta de si será o no reconocida como víctima y la compensación económica a la que tiene derecho, en caso de serlo.

En teoría no se necesitan abogados ni intermediarios, “pero es una justicia muy rogada porque el ganadero va y solicita su reparación y a partir de ese momento toca hacer insistencias e insistencias”, afirma Diego González, uno de los tres abogados que trabajan en la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, asesorando a los ganaderos que buscan acceder a los beneficios otorgados por la Ley.

Para acceder a los beneficios es suficiente con que el hecho victimizante se haya producido luego de 1985 y que sus perpetradores pertenezcan a cualquier grupo armado que sea parte del conflicto armado colombiano. (Lea: Fundagán pide audiencia con representantes de la CPI)

Alejandro Ponce de León, coordinador del Observatorio de delitos, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Fundagán, explica que en teoría “el Estado debe demostrar que el hecho sucedió y a la víctima le basta con hacer la declaración", situación que, por lo que CONtexto ganadero pudo saber, no se ve reflejada en la práctica, siempre es al ganadero a quien le toca hacer todo el proceso, tanto conseguir las pruebas que evidencian el hecho en su contra, como posteriormente ir y tratar de demostrar su condición.

Lo habitual es que pasados los 60 días el ganadero víctima no tiene respuesta, a lo que se suma que tampoco le envían comunicación alguna sobre el estado en el que se encuentra su proceso. En ese momento habitualmente acuden a Fundagán.

“Allí, nosotros pedimos información y los asesoramos sobre como se debe interponer un recurso de petición al que están obligados a responder en un plazo no mayor a 15 días hábiles, pero que nunca se cumple tampoco, o cuando lo hacen las respuestas son en su gran mayoría incoherentes, incompletas o de otro casos", manifiestan desde el Programa de Acompañamiento a las Víctimas Ganaderas de la violencia, PAVIC.

CONtexto ganadero tuvo acceso a varias de las respuestas entregadas a víctimas y evidentemente parecen plantillas que se limitan a diligenciar, sin cuidado alguno y en el que no se tiene consideración alguna por el individuo que está detrás del proceso.

Caso 1 de respuesta

Caso 2 de respuesta

La Unidad de Víctimas lo que ha hecho es dilatar procesos. Pasada esa primera instancia de los 60 días, del recurso de petición con su plazo de 15 días hábiles, se llega a un recurso de insistencia, al que deberían dar respuesta nuevamente en un plazo nunca superior a 15 días hábiles; “pero se ha vuelto habitual que tampoco allí logren las víctimas obtener respuestas, por eso se ven obligadas a acudir a la Procuraduría para que ese órgano y su facultad disciplinaria los ayude a obtenerlas, señala González. 

El proceso tarda un mes más. Al final, solo así se logra que el Estado, representado por su Unidad de Víctimas, emita un concepto reconociendo a la persona como Víctima y estableciendo si tiene o no derecho a reparación.

Tercer acto: El drama, ¿se acaba o apenas comienza?

“Yo he firmado un poco de papeles, me han pedido que vaya a muchos sitios y nadie me da respuesta. Llevo ya casi un año desde que empecé presentándome en la Personería de El Difícil a denunciar que perdí unos animalitos antes de 2006, me desplacé y hasta ahora nadie me dice nada”, dice con humildad y más resignación que tristeza Antonio Gamarra,  ganadero de la zona, quien ve como se pasan los años y con ellos la esperanza de sacar a su familia adelante con unos recursos que cada día lucen más lejanos.

Su caso es similar, por no decir idéntico al que viven a diario y a lo largo y ancho de Colombia, miles de ganaderos que al suplicio de la violencia, deben sumarle el de tratar de ser reconocidos y acceder a una reparación. (Lea: Fundagán seguirá acompañando a las víctimas de la violencia)

Lo que no ignora don Antonio, y como él muchos de quienes han sido víctimas, es que luego del trámite, de la espera por un turno en la Personería, de los 60 días aguardando respuesta de la Unidad de Víctimas, de los 15 días hábiles del recurso de petición, a los que se suman 15 más del recurso de insistencia y de los 20 finales que se toma la Procuraduría, es muy probable que tenga que esperar hasta 2021 para lograr el dinero por parte del Gobierno. Sí, leyó bien: 2021.

El Estado, tiene recursos para reparar a las víctimas, pero hasta el día de hoy tampoco se ha entregado ni un solo peso, no al menos de los casos interpuestos desde 2011.

No es extraño sin embargo que el Gobierno salga a ufanarse en todos los medios de estar reparando víctimas. Nada más falso. Los hechos de los que se vanagloria corresponden a la normativa anterior, que han sido retomados con esta Ley promulgada en 2011. Hasta ahora están descongestionando casos de 2008.

La situación del país hasta finales del pasado mes de mayo se aprecia en la siguiente tabla:

Desde las Personerías manifiestan que es cierto que muchas veces no cuentan ni siquiera con formatos para diligenciar las quejas, que al ser una tarea adicional no le pueden destinar más de 8 horas semanales, salvo en los casos que ordena la Ley contar como excepciones, que el proceso es lento y que una vez ellos radican la queja se desentienden del proceso.

Procuraduría y Contraloría revelaron en 2012 sendos informes en los que se denunció por parte de ambas entidades diferentes irregularidades que reflejan las dudas que hay sobre los procesos adelantados, la eficiencia en los mismos y el manejo de los casos. (Lea aquí los informes de la Procuraduría y la Contraloría)

La gente de la Unidad de Víctimas no hace pronunciamiento alguno, Paula Gaviria ha dicho que se hace lo correcto pero también es consciente de la lentitud del proceso y ella misma ha aceptado que no tiene claro la forma como reparará a las víctimas.

Al final queda la sensación de que en Colombia se vive una revictimización, en que la justicia para los ganaderos se convierte en una justicia muy rogada y de eso no se trata.

El procedimiento para acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas