Agricultores y ganaderos no solo del Cesar, sino de diferentes regiones del país, manifiestan haber sido víctimas del accionar de los grupos al margen de la ley, y señalan que hoy en día nuevamente se sienten así, pero esta vez por cuenta del Estado.   Jaime Alberto Clavijo, presidente de la Federación de Ganaderos de Santander y sus zonas de influencia, Fedegasán, señaló que la problemática a raíz de la mala aplicación de la Ley de Restitución es gigantesca en San Alberto, sur del Cesar.   Manifestó que la Unidad les está restituyendo a cómplices de grupos armados ilegales que en el pasado victimizaron a propietarios legítimos, a quienes hoy no les reconocen su calidad de víctimas. (Lea: Lafaurie recorre el país para revelar las 3 amenazas del sector rural)   "La historia no se puede cambiar, la historia es una sola y está documentada. Ellos (la unidad) la quieren modificar u ocultar pedazos", aseveró.   Clavijo sostuvo que la persecución ya inició en las regiones, y mencionó el caso de quien según él, es un líder muy valioso en la comunidad, Julio Cesar González. Anotó que este campesino no solo fue víctima de la guerra y vivió en carne propia el secuestro, sino que ahora está siendo victimizado por la forma equivocada en la que están aplicando la Ley.    Julio Cesar González Reyes, campesino y representante legal de la Asociación Colombiana Víctimas de Restitución de tierras Ley 1448 de 2011, Asocolvirt, relató que en 1990 fue secuestrado por el frente Domingo Laín Sáenz, de la compañía Simacota del ELN, en la vereda Botalón en Tame, Arauca. Apuntó que en ese momento se encontraba en ese lugar por cuestiones laborales.   Contó que este flagelo ha perjudicado a su familia en diferentes ocasiones pues en 1992 su suegro fue plagiado y cuando su esposa fue citada a pagar el dinero por su rescate en la vía que de Bucaramanga conduce a Barrancabermeja, en la vereda La Azufrada, también fue secuestrada por miembros de la Corriente de Renovación Socialista, CRS, quienes la pensaban vender a las Farc. Apuntó que además de lo anterior, "lamentablemente" ella fue violada en cautiverio. (Lea: Indignación por afán de Unidad de Restitución en mostrar resultados)   También dijo que para pagar el rescate, les tocó vender la finca de su suegro y con lo poco que les quedó, más unos ahorros que él y su esposa tenían, compraron los derechos de un predio de 50 hectáreas en San Alberto, Cesar.   "La persona que nos vendió, y quien es el que está reclamando, pidió autorización al junta de parceleros de la zona para vender. Obtuvimos el beneplácito del Incora, entregamos los documentos, cumplimos los requisitos y compramos los derechos del predio. El terreno le fue adjudicado a mi esposa en junio o julio 1995, pero ya teníamos la posesión desde enero", explicó.   Agregó que la notificación del proceso les llegó hace 4 años, y en estos momentos está en etapa judicial. Anotó que a ellos les piden demostrar la fe exenta de cumpla, y aduce que qué más pruebas pueden presentar que haber ido ante el Incora, un ente del Estado, a realizar y legalizar los papeles de compra.   El campesino afirmó que algunos medios de comunicación lo han querido desprestigiar diciendo que él se asoció con un grupo armado para organizar una masacre en la vereda Los Tendidos, parcelación de Tokio, para quedarse con unas tierras, afirmaciones que con vehemencia asevera no son ciertas. (Lea: Uso indebido de Ley de Víctimas perjudica a dueños legítimos de tierra)   González Reyes manifestó que ese hecho lamentable sí ocurrió y lo perpetraron las autodefensas. Aclaró que en ese momento ellos ya eran dueños de la tierra pero él y su esposa estaban en Bucaramanga, y su suegro si estaba en la finca y presenció el hecho e incluso ayudó a las víctimas.   Detalló que la persona que le vendió lo hizo antes del suceso citado anteriormente, lo había hecho porque no tenía vocación para el campo. Sostuvo que esa misma persona, es decir, el reclamante, no salió huyendo por el hecho, ni ninguno de sus familiares murió allí.   Él comentó que en la finca se dedicaban a la ganadería y a la agricultura, y que tenía varios créditos a raíz de su proyecto productivo. Añadió que los bancos al darse cuenta que su predio había entrado en un proceso de restitución, le exigieron los pagos, y le tocó empezar a vender todo.   "Pude abonar una parte de la deuda y todavía debo otra. Por culpa de la Unidad de Restitución estoy quedando prácticamente en una ruina total. La finca era lo único que tenía para sostener a mi familia y darle estudio a mis hijos. Esta situación es lamentable, fue víctima de la guerra, ahora el Gobierno ensucia mi nombre y me está dejando sin nada", remató. (Lea: ¿Por qué el campesino tiene las de perder con la Ley de Restitución?)   Como estos, los casos se cuentan por miles en el país. Aunque se han venido lanzando alertas, gran parte de la población que se encuentra en los campos de Colombia parece no haber dimensionado la magnitud de un problema que con el paso del tiempo podría llegar a ser de inmensas proporciones. Si usted es víctima o quiere reportar algún caso escríbanos al correo info@contextoganadero.com.