Desarmar la gente la convierte en blanco más fácil para delincuentes

Luego de conocer la decisión del presidente Santos de prolongar hasta diciembre la prohibición de portar armas, José Félix Lafaurie se mostró preocupado por la suerte de quienes se encuentran en el sector rural y le pidió al Estado redoblar esfuerzos para garantizarles su seguridad.   En días pasados, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la medida, que expiraba el próximo 31 de enero, sería extendida por lo que resta del año, y que solo estarían autorizados a llevarlas consigo los que por su oficio así lo requieran. (Informe: Vejámenes de las Farc tienen desesperados a ganaderos del Meta)   De acuerdo con José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, desarmar a la gente ”es exponerla a situaciones que sin duda serán aprovechadas por los actores ilegales, que si lo hacían contra ciudadanos que en algún momento podían defenderse, ahora con mayor razón al saberlos vulnerables”.   Según el dirigente gremial, la medida se toma además en uno de los peores momentos de orden público que se vive en gran parte del país, en los que a pesar del esfuerzo de las autoridades, los grupos delincuenciales tienen azotada a la ciudadanía en general.   “Le corresponde al Gobierno garantizarles a cientos de miles de productores rurales su seguridad y evitar que sigan repitiendo escenas cada vez más cotidianas como la extorsión, el pago de vacunas e incluso los cobros por litro de leche vendidos”, aseguró.   Lafaurie Rivera fue tajante al manifestar que dejar sin permiso para portar armas a la gente es convertirla en un blanco fácil, especialmente en lugares en los que la Fuerza Pública no puede garantizar su presencia.   Sobre el argumento del presidente Santos, que explicó que tomaba la medida por el reporte en la disminución de homicidios, precisó que no se deben menospreciar los delitos que él mismo confirmó siguen afectando a la población:  la extorsión, el hurto a residencias, a los comercios, entre otros, que no tienen la misma tendencia. (Lea: La inseguridad se apodera de Arauca y Casanare)   “Solo en nuestro sector nos enteramos a diario del cobro de extorsiones a grandes, medianos y sobre todo pequeños productores. La situación es crítica en Córdoba, el Magdalena Medio, el occidente del país, en el Urabá antioqueño, Huila, Arauca, por mencionar algunos lugares”, detalló.   “Desarmar a la población rural siempre será arriesgado, pero lo es todavía más cuando las condiciones del país motivan a mucha gente a sacar ventaja y cuando el Estado no está en capacidad de redoblar los esfuerzos, bastante loables e importantes ya de por sí, de la Fuerza Pública. ¿Será necesario ver que las cifras de homicidios aumenten para echar atrás la medida?”, cuestionó el presidente de Fedegán.   Lafaurie indicó que hace algunos días, el Comandante del Gaula estuvo en Bucaramanga y terminó escuchando varias historias sobre lo que a diario acontece en una región que cuenta con un importante pie de fuerza, lo que hace pensar en la suerte de quienes disponen de uno menor o ni lo tienen. (Lea: Panorama de la seguridad en el sector rural durante 2015)   Por último, el líder gremial señaló que la medida implica también una potencial amenaza para aquellas zonas del país en las que en un eventual posconflicto lleguen miembros de las Farc.   “Eso es dejar inerme a una población que el mismo Gobierno autorizó a portar armas y a la que difícilmente podrá responderle por las situaciones a las que queda expuesta. Son muchas responsabilidades para quien hasta aquí ha mostrado que la seguridad no es su prioridad”, concluyó.