A pesar del loable objetivo de la Ley 1448, su mala aplicación está generando una sensible problemática social. CONtexto ganadero conoció la historia de un pequeño empresario que a pesar de tener todas las pruebas, obtuvo un fallo en su contra.   Raúl Ernesto Cruz, un pequeño empresario, sostuvo que él no es ningún paramilitar, ni guerrillero, y contó que perteneció a la Fuerza Aérea Colombiana, donde recibió entrenamiento y fue instructor de pilotos.   Indicó que él es una víctima de la Ley de Restitución porque el Estado ha sido negligente. Según él, la norma está mal concebida pues atropella a los opositores, a la gente de bien, y a las personas que honradamente compraron una tierra. (Lea: ¿Por qué el campesino tiene las de perder con la Ley de Restitución?)   El contexto   “Con los ahorros que obtuve en la Fuerza Aérea compré una tierra cerca Cúcuta en un pueblo que se llama Zulia, la cual me fue despojada. Le doy gracias a Dios porque pertenecí a las Fuerzas Militares y recibí entrenamiento para hacer operaciones de inteligencia y contra inteligencia, por eso me dediqué a investigar y a llegar a la verdad de por qué me quitaban mi tierra”, reveló.   Cruz comentó que la Unidad de Tierras está despojando a las personas que tienen sus terrenos cerca de las capitales de los departamentos para poder dar resultados al Gobierno.   De acuerdo con el empresario, luego de 5 años la Unidad no ha cumplido las metas que tenían, ni siquiera la tercera parte, entonces a lo que se han dedicado es crear los falsos positivos de la Restitución.   El caso   “Yo presenté todas mis pruebas e incluso los testimonios de miembros de la comunidad que han vivido en esa zona desde hace 20 años. La persona que me vendió la tierra (José del Carmen Rivera la reclamó) se hizo pasar por desplazado”, aseveró. (Lea: Indignación por afán de Unidad de Restitución en mostrar resultados)   Agregó que el falso reclamante expuso que salió de su tierra por el grupo EPL porque se negó a ocultar a alguien que ellos traían secuestrado desde Venezuela en el año 1995.   Apuntó que la Unidad recibió el contexto del centro de memoria histórica de la región y allí se estipulaba que este grupo se desmovilizó en 1991. Detalló que luego la Fiscalía encontró que la versión de esta persona no era cierta y ordenó su captura.   También dijo que presentó las cartas del Incoder, antiguo Incora, que demuestran que el reclamante vendió en el año 1998 aduciendo que necesitaba hacerlo porque tenía un síndrome lumbar crónico, lo sustentó presentando un certificado médico. Anotó que esa persona no solo adjudicó su predio sino que no pagó la deuda que tenía con esa entidad. (Lea: De víctimas de la guerra a víctimas del Estado)   Él dijo que su caso inició a mediados del 2012 y que con la sola versión del reclamante, sin testigos, iniciaron el proceso administrativo, sin importar que hubiese advertido a la unidad del falso testimonio.   “Ellos pudieron detener la etapa inicial del proceso, pero no, lo pasaron a los jueces y magistrados. Lo radicaron en el juzgado segundo de tierras de Cúcuta, allá hice mi oposición, llevé mis testigos, mis pruebas y nada sirvió”, expresó.   Aseveró que le hizo caer en cuenta a la jueza, que el formulario con el que el reclamante inició el proceso de restitución estaba sin firma, huella ni copia de la cédula, que no tenía testigos, y fue ella la que le solicitó estos últimos documentos.   Cruz relató que el reclamante se fue al pueblo de Zulia, reunió a los vecinos de la finca, para que le sirvieran de testigos y dijeran mentiras, y que ellos decidieron ir a la Fiscalía e imponerle una denuncia por falso testimonio. (Lea: Uso indebido de Ley de Víctimas perjudica a dueños legítimos de tierra)   El fallo   Debido a que los jueces en primera instancia en los procesos de Restitución y cuando hay opositor, no emiten sentencia sino que solo se encargan de reunir las pruebas y los testimonios, lo que hacen es pasarle toda la información a los magistrados.   Señaló que la magistrada Amanda Yaneth Sánchez fue la ponente del fallo y quién decidió despojarlo de su tierra, porque no pudo demostrar, según ella, su buena fe.   "En la demanda por mi predio aparece Herman García, quien resultó ser el esposo de la magistrada Martha Isabel García, exmiembro de la misma sala de restitución de tierras del Tribunal de Cúcuta y compañera de sus 2 colegas Amanda Yaneth Sánchez y el Dr. Puno Alirio Correal, que fueron la ponente y el apoyo de esa ponencia, respectivamente", sostuvo.   Relató que llegó a un punto neurálgico y encontró que al esposo de la magistrada García Serrano, actual presidenta del tribunal superior de Cúcuta, fue presentado por la Unidad de Restitución de Tierras de Norte de Santander como adulto mayor con discapacidad, lo ampararon de pobreza, pero luego se pudo constatar que dicha imposibilidad no existía.   Denunció que quiere dejar una constancia muy grave porque ha sido amenazado de muerte por reclamar sus derechos, defender sus tierras y los ahorros de su trabajo. (Lea: Familia ganadera fue víctima de un atroz despojo en Montería)   A pesar de todas las pruebas que el empresario presentó, el fallo fue en su contra. Él manifiesta que no va a abandonar sus tierras, pues no solo son su propiedad, sino el lugar donde tenía planificado realizar un negocio y en donde vive una familia que también saldría perjudicada.