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El Gobierno tendrá las herramientas del poder en sus manos para impulsar lo que quiere, los colombianos acudirían a las urnas con las Farc armadas.
El afán de firmar ha llevado al presidente Santos a afectar la institucionalidad colombiana de forma protuberante. Se está sustituyendo la Constitución creando un congreso nuevo, con iniciativa limitada y sujeto al poder de veto del Poder Ejecutivo. De otro lado, el jefe de Estado será titular de facultades extraordinarias imprecisas, con lo cual se destruye el equilibrio de los poderes, que es pieza esencial del sistema democrático.
Así mismo, desconociendo el acervo jurisprudencial y doctrinario del Derecho Internacional Humanitario, a los negociadores les dio por bautizar a los acuerdos entre el Gobierno y las Farc como acuerdos especiales.
Las audacias sin piso ni futuro van más allá. También se les ocurrió dizque incorporar dichos acuerdos a la Carta fundamental mediante el bloque de constitucionalidad. Una figura que está reservada, en esencia, para hacer parte de nuestra norma superior los tratados suscritos por el Estado en materia de derechos humanos, ahora la quieren aplicar a lo que se convenga en Cuba, diga lo que diga el documento que se firme.
A todo lo anterior, lo llaman blindaje jurídico.
Y el realismo mágico los ha llevado a darle un nuevo significado, inventado por ellos y, por lo tanto, inexistente a la luz del derecho de los tratados, al concepto del depósito de los instrumentos de ratificación de los convenios suscritos por los Estados.
Se les ocurrió que radicar unos papeles en Berna adquiere tal valor jurídico, y semejante hazaña intelectual la presentan como un mecanismo de seguridad y sostenibilidad a lo que acuerden Santos y ‘Timochenko’.
Lamento mucho, pero no están ni tibios. El derecho internacional se cocina donde se cocina, no en los hornos de la isla de los Castro. La inventiva carente de porvenir no tiene límites. En lugar de escoger el mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos, resolvieron que el plebiscito sirve para eso. Tomaron, además, todas las precauciones a fin de correr el menor riesgo político posible. Crearon un umbral especial, bien bajito, y aplaudieron a rabiar que la Corte Constitucional le haya dado carácter de política pública a lo acordado para acomodarlo a la definición actual del plebiscito.
En fin, se está viviendo en el país una etapa de imaginación jurídica sin fundamento ni bases que le den sostenibilidad a lo que se firme.
La última sorpresa es que las Farc, según lo han dicho voceros de esa organización, no se concentran ni entregan las armas a la ONU sin tener en vigencia todas las garantías que exigen. Solamente lo harían, entonces, después del plebiscito. Esto significaría lo siguiente: además de que se le niega a los ciudadanos la oportunidad de manifestarse por una opción distinta al SÍ o al NO, y que el Gobierno tendrá todas las herramientas del poder en sus manos para impulsar lo que quiere, los ciudadanos acudirían a las urnas con las Farc armadas.
En esas condiciones, ¿cuáles son las garantías reales que tendrá la campaña dirigida a invitar a votar a favor del NO para que haya paz en Colombia? Muchos colombianos esperamos la respuesta.