Muy oportuno resulta en esta época electoral el llamado del Consejo Privado de Competitividad (CPC) para que se consolide un ‘Pacto por la Productividad’ que permita corregir el rumbo del país en la materia. Estos son los temas fundamentales que deberían ser objeto principal del debate político.

Lástima que hayamos caído en el formato de los debates insulsos en los que prima la frase llamativa sobre el análisis de asuntos de fondo.

El diagnóstico del CPC propone una agenda para desarrollar durante el próximo cuatrienio, con indicadores que permitan evaluar los avances en cinco áreas prioritarias: capacidad empresarial, formalización, capital humano, mercados eficientes y logística.

Son ejes estratégicos en los cuales el avance en los últimos años ha sido intermitente, producto de la ausencia de una política integral en la materia.

El gobierno de Santos, que se esperaba fuese innovador en la materia, resultó ser una inmensa decepción. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo palideció frente a estos desafíos. Mucho más importante y significativo es el balance del área de tecnologías de la información y la comunicación en el que hay evidentes progresos.

En cambio, en el tema de productividad y competitividad se perdieron años y recursos en crear una pomposa diplomacia comercial que poco le aportó al país, como lo confirman los tristes resultados en materia de comercio exterior y diversificación de la oferta nacional. De no ser por el reciente repunte del petróleo, las cifras globales del sector serían aún más lamentables.

Con mucha razón el CPC exige que un tema tan trascendente sea elevado al rango de política de Estado y que, por lo menos durante los próximos cuatro años, sea abordado con estabilidad, sin politiquería y con conocimiento técnico. Los objetivos trazados podrían ser cumplidos para frenar la erosión de Colombia en los indicadores internacionales de competitividad que se han registrado en los últimos años.

En materia de productividad, se fija el objetivo razonable de que los resultados contribuyan de forma positiva al crecimiento de la economía y no lo contrario, como ha sido el caso en los últimos años. Muy importante es lograr la meta de multiplicar por tres el número de estudiantes en instituciones de formación técnica y tecnológica. Este es un aspecto significativo, pues el país es débil en esta área del capital humano. Además, la politización y corrupción del Sena, principal entidad en la materia, es uno de los más graves legados de Santos.

El CPC plantea reformar la manera como se implementan las regulaciones económicas en Colombia. La legislación incoherente, incremental y absurda es un costo cada vez más pesado para las empresas. El Estado legisla sin tener en cuenta los efectos que las disposiciones generan en el mundo empresarial. Hoy, menos del 1 por ciento de las leyes, decretos y resoluciones son sometidos a algún análisis de costo beneficio.

En materia de logística, una de las áreas en las que, a pesar de los escándalos, se han logrado progresos indudables, la tarea sigue siendo inmensa. El objetivo planteado es reducir de 545 a 322 dólares el costo por tonelada exportada.

Ojalá el próximo presidente no ignore ni engavete esta importante propuesta para el bien de Colombia.

Publicado en Portafolio, Mayo 1 de 2018