Ley de Restitución deja víctimas a lo largo y ancho del país

Durante el 2016, CONtexto ganadero conoció más de 40 historias desgarradoras que revelan como una ley, que aunque cuenta con un objetivo loable, puede generar una sensible problemática social con su mala aplicación.   Hay casos de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional, toda con varios elementos en común: microfocalizaciones realizadas a las carreras, verdaderas víctimas del conflicto despojadas y personas que lo que buscan es sacar provecho de los beneficios de la Ley.

Campesinos y productores manifiestan que las investigaciones necesarias para dictar los fallos no están siendo rigurosas y que no se procura tampoco saber realmente quienes son los implicados. (Lea: Uso indebido de Ley de Víctimas perjudica a dueños legítimos de tierra)   Adicionalmente, muchas veces las pruebas que las personas presentan para evidenciar que son los dueños legítimos no son tenidas en cuenta porque son los miembros de la Unidad quienes asesoran jurídicamente a los reclamantes, y en su afán de mostrar resultados optan por despojarlos de sus tierras.   Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Urabá Antioqueño, Cesar, Norte de Santander, Santander, Meta y Guaviare son solo algunos de los departamentos donde día a día se presentan injusticias por desalojos forzados a compradores de buena fe.   Algunas de las historias más impactantes que este diario ha tenido la oportunidad de dar a conocer a la opinión pública revelan como la Unidad no tiene en cuenta que las personas a las que está despojando de sus patrimonios en muchos casos han sido desplazadas por la violencia, víctimas del conflicto, cuentan con pocos recursos, son de la tercera edad, madres solteras o han hecho alguna labor social.   Desplazados y víctimas del conflicto   El Salado, corregimiento del Carmen de Bolívar, fue una región en la que se perpetró una terrible masacre cometida por el Bloque sur de las AUC entre el 16 y el 19 de febrero de 2000. Sobrevivientes de ese brutal flagelo aseguraron que pasaron de ser víctimas de la guerra, a serlo del Estado. (Lea: Sobrevivientes de la masacre de El Salado son hoy víctimas del Estado)   Hugo Armando Torres Correa, campesino y ganadero, cuyo predio se encuentra a 3 kilómetros del casco urbano del Carmen de Bolívar, relató que él y su familia son sobrevivientes de la masacre que hubo en el corregimiento Villa del Rosario - El Salado y confesó que con solo recordar lo que vivió se le estremece el cuerpo.   Comentó que luego del hecho y de quedar prácticamente en la calle, pues no alcanzaron a sacar ninguna pertenencia, la familia Torres se reunió y decidió asentarse en el Carmen de Bolívar. Anotó que junto a su hermano resolvieron comprar una pequeña parcela en la vereda La Emperatriz y su papá quiso regresar a sus raíces, convirtiéndose en uno de los líderes del retorno de El Salado.   Hugo Torres sostuvo que ya recibieron la orden de desalojo y aseguró que si el Estado les llega a quitar su tierra los dejaría nuevamente en la calle y que eso no lo van a permitir.   Tercera edad   Antonio Libardo Escamilla, agricultor y pequeño ganadero de 80 años, víctima del programa de Restitución de Tierras, se catalogó como un ‘desplazado del Gobierno’, pues según él, fue el mismo Estado el que le quitó su predio, que era el único medio de subsistencia que tenía, el cual estaba ubicado en el municipio de Sabana de Torres. (Lea: A los 80 años, campesino fue despojado de predio en Sabana de Torres)   “La Policía me sacó a mí y mi familia de nuestro predio. Los agentes nos ultrajaron todos los enseres porque ellos mismos los sacaron y los lanzaron a la calle. Perdí mi trabajo de 50 años, ahí tenía invertido mis ahorros y con la finca sostenía a mis seres queridos”, relató.   El campesino señaló que le tocó pedirle ayuda a unos familiares que viven en Bucaramanga y que en estos momentos no se encuentra trabajando pues se dedicaba a comprar y comercializar ganado y a sembrar arroz en su finca.   En su opinión, lo que ha hecho la Ley 1448 es quitarles a unos para darles a otros y dejar a los primeros en la calle. Agregó que él no es ni guerrillero ni paramilitar, simplemente un humilde campesino de 80 años.   Madres solteras   Luz Dary Ochoa, campesina, ganadera y mujer cabeza de hogar, relató que luego de que su padre muriera, lo único que le quedó como herencia fue una pequeña parcela de 6 hectáreas ubicada en Montería, Córdoba. Apuntó que de la finca se derivaba el sustento con el cual mantenía a su única hija. (Lea: Madres solteras y cabezas de hogar son víctimas de Ley de Restitución)   Esta madre cabeza de hogar le envió un mensaje contundente al Gobierno y dijo: "Yo no entiendo cuál es la paz que quiere o de la que habla el señor presidente, si está dejando a campesinos y campesinas como yo en la calle, gente que de verdad quiere trabajar la tierra y salir adelante, solo por premiar a unas falsas víctimas". Al igual que Ochoa, otras personas además de su familia se vieron afectadas por esta situación. Fanny del Carmen Morela, quien junto a su hija, una joven con 8 meses de embarazo, son madres solteras y desplazadas de la violencia, se encargaban de ayudarle a la ganadera a cuidar la finca. Ellas también se quedaron en la calle.   Labor social   Emma Cecilia Arnold, mejor conocida como la ‘seño Emi’, es una misionera suiza que llegó al Carmen de Bolívar, una región golpeada por la guerra y el abandono del Estado, con el objetivo de ayudar a la población vulnerable. Hoy está siendo acusada de ser una despojadora de tierras.   Jhonny Rafael Olivera Martínez, director de la Institución Educativa Técnica Ecológica, indicó que la labor que empezó a hacer la entidad con la población vulnerable en la región desde el 1985 tuvo siempre el apoyo de Arnold, una misionera suiza a través de la Arquidiócesis de Cartagena. (Lea: Misionera suiza es acusada de despojar tierras en Carmen de Bolívar)   Enuar Redondo Martínez, agricultor y ganadero ubicado en el municipio Carmen de Bolívar, representante de la Asociación Nacional de Despojo del Estado, Asovides aseguró que en la región, donde conocen el trabajo que ha hecho la misionera, no pueden creer las injusticias y atropellos que pretende cometer la Unidad de Restitución.   Como estos, los casos se cuentan por miles en el país. Aunque se han venido lanzando alertas, gran parte de la población que se encuentra en los campos de Colombia parece no haber dimensionado la magnitud de un problema que con el paso del tiempo podría llegar a ser de inmensas proporciones.