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Proceder solo con las zanahorias, manteniendo el conejo, hará que los acuerdos se debiliten con el paso del tiempo
El pasado sábado, el presidente Juan Manuel Santos anunció ‘un nuevo Acuerdo’ con las Farc, sin haber cumplido el compromiso de sus delegados de compartir con los voceros de la mayoría plebiscitaria el nuevo documento y consolidar un consenso. Es cierto que el nuevo documento contiene modificaciones que cuan dulces zanahorias, reconocen aportes de los voceros del ‘No’. La evidencia indica que se han acoplado precisiones que mejoran el ambiguo texto de reforma rural integral y se han introducido referencias a la agroindustria y a la propiedad privada, aunque continúan significativas ambigüedades. En materia de participación política, se limita la del partido de las Farc en las 16 jurisdicciones especiales y se acotan facultades exclusivas para el partido derivado de la organización criminal. También hay que reconocer que se ha precisado la exigencia de la reparación económica por parte de las Farc y quedará por verse su real alcance. ¿Reflejan estas zanahorias el sentimiento de la mayoría que rechazó los acuerdos con las Farc? Si bien algunas de las zanahorias han tenido buen recibo, existen graves conejos en el documento. En los puntos 6.1.1 y 6.1.9 se hace evidente el deseo del Gobierno de dejar con vida el Acto Legislativo 01 del 2016, también rechazado en las urnas el pasado 2 de octubre y que abre la puerta para las facultades habilitantes del presidente y el famoso mecanismo fast track para aprobar leyes y reformas constitucionales en pocos días, exigiendo la autorización del Jefe de Estado para cualquier modificación. Otro conejito se encuentra en el punto 6.1.8, elevando a rango de Acuerdo Especial a la luz del DIH todo el acuerdo con las Farc y dejando abierta la interpretación, ya promovida por algunos, según la cual ese hecho convierte el acuerdo en parte integral de nuestro bloque de constitucionalidad. En materia de justicia, si bien se han corregido errores garrafales del primer documento, como la absurda designación de jueces extranjeros y el haber ignorado la aplicación del Código Penal, siguen presentes graves factores de impunidad y de ruptura institucional. El artículo 36 del Acuerdo de Justicia sigue otorgando elegibilidad política a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, sin siquiera tener que pagar pena alguna. Los artículos 38 y 39 del mismo acuerdo siguen abriendo la puerta para la amnistía del asesinato y secuestro de soldados y policías, bajo las figuras de ‘muertes en combate a la luz del DIH’ y ‘aprehensión de combatientes’. En el caso de los artículos 44 y 59 persiste la homologación en la cadena de mando y responsabilidad jerárquica de las Fuerzas Militares con las Farc. Y en términos institucionales, no hay articulación orgánica con la Corte Suprema. Además, los conflictos de competencias serán dirimidos por una sala donde tendrán asiento 3 magistrados de la JEP, siendo juez y parte. ¿Puede avanzarse en todas estas materias sin un gran acuerdo nacional? Sería un grave error. Proceder solo con las zanahorias, manteniendo el conejo, hará que los acuerdos se debiliten con el paso del tiempo, mucho más si se quieren implementar reviviendo un Acto Legislativo que sustituye la Constitución. Portafolio, Bogotá, 16 de noviembre de 2016