Semilla de nuevas violencias

El Gobierno tenía la obligación de informar objetivamente sobre los acuerdos, para que los ciudadanos pudiesen tomar una decisión consciente en el plebiscito. Sin pudor, convirtió esa tarea en propaganda pura y dura y, además, engañosa.

Un ejemplo es la cuña relacionada con los cultivos ilícitos. Dice que lo pactado traerá la desaparición, por fin, de los narcocultivos. Nada más falso. En realidad será al revés.   Recordemos que el informe del SIMCI de Naciones Unidas registraba un aumento del 39 % de los cultivos de coca solo en 2015, doblándose en apenas 2 años. La evaluación de la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca es similar en términos porcentuales (42 % de aumento) pero registra en números absolutos aun más hectáreas de coca: 159 mil. Para todos los efectos, a 31 de diciembre del año pasado teníamos el mismo número de hectáreas que en 2002. 15 años perdidos. Y no puede decirse que la estrategia nunca haya funcionado: durante Uribe los cultivos ilícitos bajaron más de un 60 %, de 180 mil hectáreas a 63 mil. Y la producción de coca cayó de 680 toneladas a 290. Se perdió todo lo ganado.   Las causas son múltiples pero 2 son los factores predominantes: la suspensión de la aspersión aérea y los beneficios pactados en los acuerdos para los narcocultivadores. Por un lado, se eliminó la presión que significaba la fumigación por el riesgo de perder lo cultivado y, por el otro, se incentivó a los campesinos a sembrar coca para beneficiarse de las prerrogativas acordadas en La Habana.   El Gobierno primero suspendió en 2014 las aspersiones aéreas en el Catatumbo, la frontera con Ecuador y los parques nacionales. A principios de 2105, la suspensión se extendió a todo el país. Santos les dio gusto a las Farc que habían pedido terminar las aspersiones como el pilar de su “política” de cultivos ilícitos.   En julio de 2015 escribí que “las Farc están incentivando los cultivos ilícitos haciéndoles creer a los campesinos que obtendrán más ayuda del Gobierno en programas de sustitución de cultivos. Poco más peligroso que un incentivo perverso”. Basta mirar los beneficios que se pactaron para los narcocultivadores, la renuncia del Gobierno a perseguir penalmente a los cultivadores y la licencia implícita para que sigan haciéndolo, sin ningún riesgo, por los próximos 2 años. Ahí están los resultados.   Para rematar, los pactos de La Habana establecen que la erradicación de cultivos debe hacerse mediante acuerdos con las comunidades, de forma manual y voluntaria. El Acuerdo dice que se “promoverá la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos”, que esa “sustitución voluntaria es un principio fundamental”, que “un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema se encuentra en el carácter voluntario y concertado, y por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos ilícitos”, y que “el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades”.   Ningún cultivo lícito puede competir con la coca y el dólar a $3.000. Las negociaciones con las comunidades y los narcocultivadores serán imposibles y eternas. Mientras tanto, nos inundaremos aún más de coca.   Agréguese que en ningún lado se pactó la obligación para las Farc de denunciar a sus cómplices en el negocio o las rutas o los laboratorios. Ni la de entregar los bienes adquiridos ilícitamente. Apenas se comprometen a “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiera presentado con este fenómeno”. Nada más.   “La mayor amenaza para los beneficios de la paz en Colombia es el riesgo de la violencia y las violaciones a los derechos humanos que se generarán por la lucha por controlar el cultivo ilícito de coca y la minería ilegal”, dijo el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU,Zeid Ra’ad Al Hussein.El Comisionado solo dice lo que ya sabemos: las drogas ilícitas son el motor de la violencia en Colombia. También en materia de narcotráfico el Acuerdo con las Farc es la semilla de nuevas violencias.   El Colombiano, Medellín, 25 de septiembre de 2016