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La crispación nacional generada por los paros agrarios amerita un sosegado análisis que permita encontrar soluciones a la problemática planteada por el agro colombiano.
Para comenzar, es forzoso reconocer que la forma como se solucionaron los paros durante el primer trimestre del año, dejó importantes problemas sin resolver, propagó la desinstitucionalización gremial y trastocó el requerido balance entre subsidios directos y bienes públicos agrícolas. (Columna: ¿Desinstitucionalización agropecuaria?)
Los paros agrarios, que trastornan los precios y el abastecimiento de alimentos, tienen un trasfondo político, económico y social. Y como tal deben atenderse, como finalmente lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, al son de los cacerolazos de los campesinos boyacenses y los sabios consejos del arzobispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, quien le encomendó promover el diálogo, “en lugar de enardecer los ánimos de la gente”.
El Jefe de Estado reconoció que se habían incumplido compromisos con los paperos, situación que consideró “totalmente inaceptable. No sabía que eso había sucedido y pedí disculpas; eso no va a volver a suceder”, señaló Santos al anunciar el inicio formal de las negociaciones con los campesinos de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. (Columna: ¡Pudo haber sido peor!)
En los últimos meses, el país nacional y el país político han visto con preocupación cómo la pérdida de gobernabilidad en el campo se ha traducido en transformaciones sustanciales en la gobernanza rural, es decir, en el modo como los campesinos, por lo general, ajenos a las vías de hecho, manifiestan públicamente sus legítimos derechos, intentan hacer valer sus sentidos reclamos y pretenden negociar sus diferencias.
Para hacerle frente a esta nueva realidad, se requiere un cambio político de fondo que comprenda los siguientes elementos: mayor reconocimiento gubernamental del aporte de la agricultura al desarrollo sostenible, generación de empleo, lucha contra la pobreza y pacificación del campo; superiores niveles de gasto para el sector agropecuario, en vez de la monstruosa reducción del 38 por ciento (equivalente a $869 mil millones de pesos) en la apropiación presupuestal del 2014 para la inversión agrícola del ministerio del ramo, planteada irracionalmente por la cartera de Hacienda, y la reestructuración del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas. (Lea: Se dispara sacrificio ilegal de ganado y disminuye el formal, ante el paro)
El contexto actual exige una cartera de Agricultura con fuerte arraigo social, que defina con visión de largo plazo la política agrícola colombiana, intervenga y defienda celosamente la economía agraria, como lo disponen la Constitución Nacional y las leyes reglamentarias. Con ministros con amplio poder de convocatoria, iniciativa, respaldo político y capacidad para resolver conflictos, que puedan compensar la excesiva influencia de los ministerios de Comercio, Hacienda y el DNP en la formulación de políticas agropecuarias que permitan enfrentar los desafíos y explotar las oportunidades de la economía global.