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Eso muestra la poca importancia del sector para los tomadores de decisiones de política pública. El país debe mirar bien las inmensas posibilidades de desarrollo para el campo, por la creciente demanda agroalimentaria mundial, la oferta de energía renovable de biocombustibles o los graves impactos ambientales al planeta.
Parece que lo rural sólo interesa para satisfacer a los sectores armados. Ellos sí saben para qué sirve y mucho más, cuando su control territorial les permite traficar drogas y victimizar productores. Necesitamos cifras ahora, porque se decide transformar el mapa rural desde la Ley de víctimas y restitución de tierras, la Ley de Extinción de Dominio, el proyecto de Desarrollo Rural, la firma de los TLC y las negociaciones con la guerrilla, sin conocer las dinámicas productivas del campo, sus estructuras socioeconómicas, la oferta nacional agrícola y pecuaria o la ocupación y uso del territorio.
Está de moda la reforma agraria, pero nadie sabe cuántas son las tierras de los narcos para extinción de dominio, las que podrían ser expropiadas por “improductivas” o dónde están y quién tiene los baldíos de la Nación.
El país discute la concentración de la propiedad, cuando desde hace décadas se consolida el minifundio y la pequeña propiedad, cuya magnitud ignoramos.
Desde el discurso de “Márquez”, muchos abanderan el desarrollo humano rural, la inseguridad alimentaria o la inversión extranjera en el campo, aunque poco se sabe de la oferta agroalimentaria o los déficits de bienes públicos que acosan al campo.
Dejarlo para 2014 no conviene. El “riesgo electoral” puede cobrar un precio alto con un censo malogrado o dejarnos con estadísticas de hace 42 años. Necesitamos reconocer que no es viable un censo agropecuario en 2014, cuando en el país se juegan las consultas previas, la primera y segunda vuelta presidencial y la elección de Senado, Cámara. Ni en 2015, cuando se eligen alcaldías, gobernaciones y se reconfiguran gobiernos territoriales.
Si nos va bien y nos apoya el siguiente gobierno, tendríamos censo agropecuario en 2016 ó 2017. Es vergonzoso. Nuestros principales competidores en la subregión –México, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay– actualizaron los suyos en la última década. No tenemos parámetros comparativos internacionales. Además, en el pulso por la paz, la carencia de este censo se puede convertir en “patente de corso” para las ambiciones de las FARC de una Colombia rural, muy diferente ya a la de hace 40 ó 50 años.
No creo que nuestros tecnócratas consideren inútil este gasto. Sé de los esfuerzos que hace el Ministro de Agricultura. Ahora la responsabilidad recae en Planeación y Hacienda, que incumplen el Plan Nacional de Desarrollo. Urge un mapa rural para hablar el mismo idioma, para que nadie acomode las cifras, porque hoy nadie se atreve a desmentirlas sin bases ciertas.
Así de lamentables han sido las políticas públicas rurales de los últimos 40 años. Si todos partimos de la misma base, coincidiremos en los proyectos que pueden mejorar la producción rural y la economía del país.