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Lo que hace ese miembro de la Cámara de Representantes es un insulto para esa institución y para todo colombiano. ¿Es acaso normal que un parlamentario, sin haber sido mandatado por nadie, impulsado únicamente por un odio visceral abrumador, ande fisgoneando en las cárceles del país, donde se reúne con los peores criminales para tratar de comprometerlos en obscuros montajes contra el más célebre exjefe de Estado de Colombia?
Las andanzas de Iván Cepeda con gente encarcelada, guerrilleros y paramilitares, están lejos de ser legales y legítimas. Nadie sabe cuáles son los alcances reales de esos contactos. Empero, los resultados inmediatos son visibles. Por ejemplo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investiga en estos momentos una denuncia contra Iván Cepeda pues él habría cometido, en contactos de ese tipo a finales de 2012, varios delitos entre los cuales figura el de obstrucción a la justicia.
Los abogados del expresidente Uribe se enteraron que Iván Cepeda, en efecto, violó los permisos para entrevistar a dos desmovilizados de las AUC, Pablo Hernán Sierra y Juan Monsalve, pues recurrió a la técnica ilícita de aducir unas razones al pedir esos permisos y hacer otra cosa una vez en la cárcel. (Lea: ¿Colombia y Venezuela bajo el control de La Habana?)
Tras esa entrevista, Cepeda salió diciendo que tenía nuevas “pruebas” contra el expresidente y que pedía que reabrieran la investigación contra él por “presuntos nexos” con paramilitares. Desde hace años, ese jefe comunista no hace otra cosa. Su obsesión por cobrarle al ex presidente Uribe la lucha exitosa contra las Farc de sus dos periodos de Gobierno acapara y dirige todos sus actos.
Esa miserable cruzada tiene viejas raíces. Las Farc tratan de destruir física y moralmente a Álvaro Uribe, con atentados y calumnias, desde antes de que él fuera elegido presidente de la República, por primera vez, en 2002. Desde entonces, los operadores de esa banda han fabricado centenas de 'pruebas' contra él: fotografías trucadas, testimonios tarifados, rumores infundados, pleitos sin base, acusaciones histéricas, amalgamas absurdas. Nada de eso les ha funcionado, ni les funcionará, pues todo es falso.
La paranoia antiuribista de Iván Cepeda no conoce límites. El hombre pretende que como es congresista puede hacer lo que se le antoje. Nada lo inquieta. La pasividad de la justicia y el miedo que él suscita en los medios de prensa le dan un amplio margen de maniobra. ¿Hasta cuándo? (Lea: Nido de víboras)
Las técnicas de intoxicación que él utiliza siguen un modelo: el que utilizaron los soviéticos contra los defensores del mundo libre: Truman, Churchill, Kravchenko, Soljenitsyne, Reagan, Walesa, entre otros.
En estos momentos, precisamente cuando Álvaro Uribe acaba de fundar un nuevo partido, el Centro Democrático, y se dispone a regresar a la lucha electoral, en una
coyuntura cargada de amenazas para la democracia, con un diálogo “de paz” con las Farc en La Habana destinado a dormir y paralizar las defensas de Colombia, y cuando él emerge, además, como un adversario continental de la intentona expansionista del castro-chavismo, sus enemigos jurados parecen haber entrado en una fase de nueva histeria anti uribista, aún más peligrosa y desesperada que las anteriores.
Las acusaciones y escenarios que preparan incluyen las falsificaciones habituales pero están encuadrados en un contexto nuevo, más vasto e internacional. Colombia, mientras tanto, sigue embolatada en las fantasías y promesas de los diálogos estancados de La Habana.
La señal de eso vino de Venezuela. Este 29 de enero de 2013, Tarek El Aissami, una eminencia gris de la tiranía chavista, exministro del Interior y muy cercano al Hezbollah libanés, anunció algo inaudito: que “un expresidente de Colombia”, aliado a la “derecha extrema fascista de Venezuela” está “detrás de los planes de asesinato” que alguien prepara contra el vicepresidente Nicolás Maduro y contra Diosdado Cabello, presidente del Congreso venezolano. Y copiando el lenguaje de Iván Cepeda, El Aissami agregó: “Hay fotos de ellos retratados”. (Excusen el pleonasmo: es de El Aissami).
Cuatro días después, el 2 de febrero de 2013, los negociadores de las Farc en La Habana, desesperados por la crisis de los falsos diálogos con el Gobierno de Juan Manuel Santos, sobre todo después del secuestro de tres uniformados, arremetieron de nuevo contra el ex presidente Uribe --lo que fue rechazado inmediatamente por el Gobierno de Santos--, al tildarlo de “mafioso y paramilitar”, pues él había pedido horas antes al mandatario colombiano suspender esos vanos encuentros.
En otras palabras, la sucesión de Hugo Chávez se está complicando y se hará probablemente a bala entre los más próximos herederos al trono, pero para desviar la culpa “un expresidente colombiano” será mostrado como el instigador de todo. El objetivo de esa operación, en la que las Farc jugarán el papel que les dicten, será remover el último gran obstáculo para que el chavismo pueda apoderarse del Estado y de la sociedad colombiana. Las intrigas actuales de Iván Cepeda contra el expresidente Uribe favorecen forzosamente ese contexto y el marco ominoso que aparece detrás de la proclama de Tarek El Aissami, aunque Iván Cepeda salga a decir otra cosa.
No es la primera vez que los comunistas utilizan esa táctica perversa. En diciembre de 1934, Stalin mandó matar a su anunciado sucesor, Sergei Kirov, y utilizó ese crimen para consolidar su poder totalitario, acusando a sus adversarios más inmediatos. En los dos meses siguientes, 6 mil 500 personas fueron condenadas por “terrorismo” y 13 fueron fusilados, entre ellos Zinoviev y Kamenev, las más altas figuras de la “vieja guardia bolchevique”.
En Venezuela, algunos mandos del alto gobierno están involucrados en el asesinato del fiscal Danilo Anderson, el 18 de noviembre de 2004, que sirvió para desatar una cacería humana que dejó dos muertos y una veintena de torturados, encarcelados y exiliados y sirvió para silenciar a un fiscal chavista que sabía mucho de las intimidades de ese régimen, como lo muestra la periodista María Angélica Correa en su excelente libro-investigación intitulado Crimen de Estado. A ese muchacho lo van a matar(Los Libros de El Nacional, Caracas, 2012).
Todos saben que 2004 fue también el año en que Chávez acusó a autoridades colombianas, entre ellos a la jefatura del DAS y al propio presidente Uribe, de haber urdido, con políticos venezolanos de oposición, un “complot” para matarlo a él. Todo era falso y los testimonios fabricados se derrumbaron ante la meticulosa investigación de María Angélica Correa.
Lo que busca ahora Iván Cepeda no es solo diabolizar al expresidente Uribe, atacar su honor y credibilidad, violar su vida privada y frenar su actividad política. El va más lejos. El no puede ignorar que esa actividad pone en peligro la vida del ex presidente y de su familia. Cuando Cepeda intriga en secreto y se reúne con paramilitares y guerrilleros en las cárceles ¿quién puede garantizar que los delincuentes así contactados se limitarán a rendir falsos testimonios contra el exjefe de Estado? ¿No podrían entender que esos contactos son una invitación a cometer crímenes de sangre?
Nadie ignora que algunos de esos detenidos siguen dirigiendo estructuras armadas. Por eso es asombroso que la Fiscalía, la Procuraduría, el Defensor del pueblo, la Comisión de Ética del Congreso y otros organismos de la institucionalidad no vean el carácter ilícito de las andanzas de Iván Cepeda y se muestren pasivos ante eso.
El 9 de diciembre de 2012, Iván Cepeda acusó al ex presidente Uribe del delito de “persecución” y gesticuló que apelará por eso ante la Corte Penal Internacional, a sabiendas de que esta solo abre expedientes sobre crímenes que ninguna otra instancia judicial ha juzgado. Cepeda dijo que hablaría con Fatou Bensouda, la nueva fiscal de la CPI, para que inicie una “investigación”. Un día más tarde, Cepeda anunció que viajaba a Roma para ver esa alta funcionaria durante una discusión de parlamentarios del mundo sobre el tema del Estado de Derecho y la CPI. Empero, la fiscal y exministra de Justicia de Gambia mal podría prestarse a la jugada de Iván Cepeda. Cuando ella tomó posesión de su cargo prometió que luchará contra quienes “intentan utilizar la CPI con fines políticos”. (Le Monde, 12 de diciembre de 2011).
El febril activismo de Iván Cepeda tiene una motivación adicional. Desde hace meses, él no sabe qué hacer para detener el deterioro de su imagen y evitar el aislamiento en que sus amigos se encuentran. En agosto de 2012, el Polo Democrático Alternativo, una de las agrupaciones donde milita Iván Cepeda, expulsó de su seno a los miembros del Partido Comunista de Colombia, donde también milita Cepeda, pues éstos habían creado, sin consultar con el PDA, un nuevo aparato de agitación subversiva, la llamada Marcha Patriótica. Cepeda criticó esa expulsión aunque las autoridades, como lo confirmó el ministro de Defensa en esos días, descubrieron que ese nuevo organismo es un brazo de las Farc. El PDA no quiere asumir la responsabilidad de lo que haga la MP.
El 15 de febrero próximo, Iván Cepeda se reunirá con Gloria Cuartas, exalcaldesa de Apartadó, otra fanática del antiuribismo. El expresidente Uribe estimó, en declaración pública, que esos encuentros hacen parte de la gestación de una “venganza criminal” en su contra “por haber combatido la criminalidad” durante los ocho años de su Gobierno y “por haber extraditado a los exjefes de las AUC”.
Es evidente que todo esto no es una casualidad. No solo son hechos simultáneos sino concomitantes por su contenido. ¿Qué operación siniestra anuncian? Las autoridades judiciales y policiales, y los responsables políticos colombianos, deberían abrir más los ojos y hacerle frente a las amenazas que aparecen en el horizonte nebuloso de esas fechas.