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Para aminorar la pobreza, el Estado ha establecido políticas e instrumentos como el programa “Familias en acción”, que entrega subsidios monetarios a familias de los estratos 1 y 2; el SISBEN, mediante el cual brinda asistencia gratuita a los servicios de salud; adicionalmente, a estas familias, les brinda educación y viviendas gratuita o altamente subsidiada y al ubicarse en centros urbanos, inmediatamente disponen de servicios públicos subsidiados, de mejores vías y múltiples posibilidades de transporte, así como una gama de oportunidades formales o informales de trabajo, para obtener unos ingresos adicionales a los que recibe vía subsidios del Estado, circunstancia que automáticamente lo convierte en sujeto de créditos, bajo unas condiciones y requisitos muy blandos, para adquirir una motocicleta para trabajar de moto-taxista, oficio que no tiene reglas claras en su ejercicio y están promoviendo, amparados en el derecho al trabajo, los problemas de movilidad que afecta a muchas ciudades de Colombia, convirtiéndose de paso, en el medio de trasporte predilecto para cometer muchos delitos que inciden en la seguridad urbana.
Miremos ahora que sucede en el campo con las familias que persisten en su intención de permanecer en él. También tienen derecho a los instrumentos oficiales de ayuda, pero no disponen de colegios y servicios de salud cercanos a su entorno, atendidos adecuadamente para prestar un buen servicio; carecen de vías y sistemas de trasporte, que faciliten el acceso a los mercados de consumo de su producción y de abastecimiento para satisfacer sus necesidades; en muchas regiones del país, desconocidas en Bogotá central, no existe oferta de servicios públicos y si los hay, sus tarifas se fijan de acuerdo al interés monetario del particular proveedor del servicio; la mayoría de familias rurales carecen de viviendas adecuadas para habitarlas de acuerdo a las normas mínimas que merecen como humanos; no existen, salvo la caficultura, los sistemas de alto cubrimiento e impacto para mejorar la capacitación de los trabajadores del campo y brindar asistencia técnica en sus labores productivas y para completar el cuadro rural, el pequeño productor, que es la mayoría de este sector, no alcanza el status como persona para recibir un trato decente y con posibilidad real de un crédito fácil y con condiciones de plazos y tasas acordes a su condición rural de parte de los funcionarios bancarios, incluidos los del mal llamado banco oficial del campo.
Al realizar un análisis muy simple sobre estas dos realidades, concluimos que el propio Estado está promoviendo el traslado de las familias rurales a la ciudad, porque allí hay fácil acceso a los beneficios estatales para disminuir la pobreza.
El campo que provee alimentos para la ciudad se está quedando solo, hoy conseguir un obrero para hacer cualquier labor en el área rural es más difícil, las familias prefieren trasladarse para los centros urbanos a engrosar los cordones de miseria o a vivir en la ilegalidad o la informalidad, propiciando muchas veces, con este éxodo, la prostitución de menores sin control sanitario, a cambio de celulares, vestimenta o algo de comida para el núcleo familiar.
Ante estas circunstancias es necesario que las instancias de formulación de política sectorial realicen un análisis serio soportado en algunos interrogantes: ¿el Estado Colombiano si tiene la capacidad presupuestal para brindar seguridad alimentaria a la población vía importaciones, aprovechando los tratados de libre comercio?, ¿tenemos la capacidad para ofrecer alternativas lícitas de trabajo a aquellos productores con amenazas de extinción por la globalización comercial?, ¿será más barato y fácil importar o establecer políticas hacia nuestro campo dotadas de instrumentos de apoyo y presupuesto para producir más aprovechando nuestra ubicación geográfica y nuestras condiciones naturales?, ¿será que algún día los pequeños productores dispondrán de sistemas oficiales de créditos tan ágiles y fáciles como los que ofrece la ilegalidad?.
Desde este modesto espacio de opinión invito a todo aquel que considere que nuestro sector agropecuario merece un oportunidad para seguir cumpliendo su compromiso con el país y enfrentar la competencia de productores de otros países, que ya entraron a quitarnos el empleo, a definir alternativas funcionales, aplicables y prontas para enfrentar el reto, de tal manera, que esa locomotora del campo propuesta por el Presidente Santos, deje de mover solamente los vagones del tren turístico de la sabana y los intereses de burócratas de cómodos y fríos escritorios y empiece a moverse con compromiso y orgullo nacional, jalando el tren agropecuario por toda la red rural de la nación.