La política sanitaria y de inocuidad del Gobierno para la leche y la carne bovinas y sus derivados, aprobada mediante los documentos CONPES 3375 “Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias”, y 3376 “Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de la carne y de la leche, tuvo como objetivos respectivamente:  “mejorar el estatus sanitario de la producción agroalimentaria del país, con el fin de proteger la salud y vida de las personas, los animales y las plantas, preservar la calidad del medio ambiente y al mismo tiempo mejorar la competitividad de la producción nacional a través de su capacidad para obtener la admisibilidad sanitaria en los mercados internacionales” y “ mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad, de las cadenas de la carne bovina y la leche, con el fin de proteger la salud y la vida de las personas, los animales, y preservar la calidad del medio ambiente; mejorar la competitividad de estas cadenas y obtener la admisibilidad de sus productos en los mercados internacionales”.

En el campo sanitario, Colombia suscribió su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) e incorporó a su ordenamiento jurídico los acuerdos multilaterales de la OMC en 1994, entre estos el Acuerdo Sobre de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF). Este acuerdo marcó un hito y constituyó el fundamento de los sistemas regulatorios y de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), en la materia.

Basada en dicha armonización internacional, Colombia por medio del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ha establecido un sistema de IVC para el control de enfermedades de control oficial como fiebre aftosa, brucelosis bovina, tuberculosis bovina, encefalopatía espongiforme bovina y rabia silvestre y prevención de ingreso de la encefalopatía espongiforme bovina; de igual manera vigila la producción y comercialización de insumos agropecuarios y las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria a través de la promoción, implementación y certificación de la producción primaria.

Así mismo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) ha desarrollado los sistemas de inspección vigilancia y control (IVC) sobre la producción de alimentos y adelanta el proceso de implementación de los programas para el control de patógenos, toxinas, residuos de medicamentos veterinarios  y contaminantes químicos que puedan estar presentes en los alimentos afectando la salud de los consumidores.

El 5 de septiembre de 2005 el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento CONPES 3376. El documento reconocía que “…las condiciones de sanidad e inocuidad de la leche, la carne y sus derivados constituyen un requisito indispensable para obtener el acceso real de los productos nacionales a los mercados internacionales y de esta manera contribuir a mejorar la competitividad de estos sectores productivos, sobre la base de asegurar la salud de las personas, de las plantas y de los animales.”

Esta política para el subsector cárnico y lácteo buscó mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad de estas cadenas agroalimentarias basándose las estrategias de i) estructuración y fortalecimiento institucional; ii) mejoramiento del estatus sanitario asociado con la carne, la leche y sus derivados, iii) fortalecimiento de la capacidad técnica y científica, y iv) la planeación y gestión de admisibilidad MSF de sus productos.

De otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Hacia un Estado Comunitario: Desarrollo  para Todos, con el fin de consolidar el crecimiento y mejorar la competitividad del sector agropecuario indicó que, además de alcanzar precios competitivos de los productos, se requiere mejorar el estatus sanitario del país, entendiendo esto como la capacidad para cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias exigidas para acceder a cada mercado. Los lineamientos que deben regir este programa fueron establecidos en los documentos CONPES 3375 y 3376 de 2005.

La modernización de la organización y de los procesos operativos de las autoridades nacionales  sanitarias, la coordinación y apoyo a entes territoriales para atender sus competencias en materia de sanidad e inocuidad, la articulación y armonización de las políticas y actividades del Sistema Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SNMSF) y el establecimiento de planes para el reconocimiento internacional del sistema sanitario colombiano se constituyó en la base para alcanzar las metas del Plan de Desarrollo.

El sector agropecuario estableció como una de sus metas para 2019 el fortalecimiento del SNMSF, pero a pesar de algunos avances logrados, aún no se ve con claridad el fortalecimiento institucional del ICA y del INVIMA, y menos aún el desarrollo de la capacidad técnica y científica para ampliar la cobertura de los servicios para el mejoramiento del estatus sanitario, de la articulación intersectorial,  a nivel regional y local, y de la consolidación de los mecanismos de coordinación intersectorial.

Hoy, siete (7) años después, a pesar de haber promulgado normas para dar cumplimiento a estas políticas, no se ve luz al final del túnel. Continuos aplazamientos en su aplicación motivados por decisiones políticas y la generación de modificaciones para adaptarlas a las nuevas condiciones, la falta de decretos reglamentarios, el lento fortalecimiento institucional y la falta de recursos y personal para su implementación están dando al traste con estas buenas intenciones y en vez de inocuidad tenemos mayor riesgo, en vez de formalización empresarial tenemos mayor informalidad y clandestinidad y las empresas que han invertido grandes cifras para ponerse a tono con Ley no encuentran retribución alguna en su labor y por el contrario son sometidas a mayores tropiezos para su operación formal.

Como consecuencia de no dar continuidad a la política sanitaria nacional para la carne y la leche se colocaría al país ante la imposibilidad de cumplir con las condiciones y requisitos técnicos y sanitarios exigidos por los mercados internacionales a los productos de estas cadenas afectando de forma especial los intereses económicos de los productores y procesadores nacionales y el aporte del sector pecuario al producto interno agropecuario. Igualmente, la falta de continuidad sería totalmente incoherente con la responsabilidad de proteger la salud de los consumidores nacionales.