Después de 131 días, Gobierno debe $30 mil millones a algodoneros

En la región centro del país más de 1.000 productores siguen afectados porque no reciben las compensaciones por la venta de la mota. Luego de 4 meses y 9 días la deuda que las empresas tienen con la banca sigue aumentando.

En el mes de agosto, más de 1.000 productores de algodón de la región centro del país tendrían que haber recibido la compensación por la venta de la mota a la industria. Dicho de otra forma, por Conpes está establecido que los agricultores deben recibir unos recursos por cada tonelada producida, para eso se tiene en cuenta el precio del algodón, el cual está fijado por la cotización de la libra del producto en el mercado de Nueva York.

César Pardo Villalba, presidente de la Confederación Colombiana del Algodón, Conalgodón, en diálogo con CONtexto ganadero dijo que el valor de la mota en este momento es de $3 millones 900 mil la tonelada, teniendo en cuenta la cotización internacional, y que el precio mínimo de garantía es de $5 millones, es decir que la compensación por tonelada es de un millón 100 mil, la cual la otorga el Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Lea: Algodoneros le piden al Gobierno "que ponga la cara”)

Han pasado 131 días y el problema afecta al sector no solo económica, sino socialmente, al menos así lo asegura Luisa Fernanda Melo Valenzuela, gerente de la empresa Remolino en El Espinal, Tolima, quien dijo que el Gobierno le debe a las entidades de algodón $30 mil millones, de los que a su empresa le corresponden $7.500 millones por tener un total de 150 afiliados.

“A veces pienso que todo el mundo siente que los vamos a robar”

Melo aseguró que si la empresa le debiera todo el dinero a los algodoneros, se pagarían los $7.500 millones, pero hoy el monto corresponde a $1.500 millones.

“En otras palabras, Remolino ha pagado $6.000 millones con su propio endeudamiento financiero, a través de créditos con los bancos, pero ocurre que la empresa no tiene la posibilidad de seguir endeudándose para pagarle al agricultor y estar a la espera de las entregas el Gobierno, no hay más cupo. Si hubiéramos tenido la compensación a tiempo, es decir en agosto, no tendríamos estos problemas. Además, la gente está acostumbrada a que cada fin de mes se les pague el dinero, pero hoy como empresa no tenemos los recursos y a veces pienso que todo el mundo siente que los vamos a robar”, aseguró la gerente de la empresa. (Lea: La molestia de los algodoneros)

La gerente de Remolino, en El Espinal, explicó que al no pago de las deudas en los tiempos establecidos se suma la preocupación por la prórroga solicitada por 6 meses a los bancos, cuyo monto, producto de los intereses ya asciende a los 10 mil millones. "ElGobierno no nos va a responder por el trabajo que nos hubiera podido generar una utilidad para la empresa, hoy eso se convierte en pérdida”.

Por su parte, Pardo Villalba dijo que el único avance que se ha dado es la solicitud del CDT, además de la firma del contrato con la Bolsa Mercantil de Colombia y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Se hizo la solicitud de los recursos pero hay que esperar a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los transfiera este año o no, eso lo definen esta semana”.

En ese sentido, Luisa Melo dijo que cuando el Gobierno transfiera los $7.500 millones, pagarán $1.500 a los algodoneros y el dinero restante, es decir los $6.000 millones serán destinados al pago de la deuda con la banca, “y el resto que son $4.000 millones lo cubrimos con la cartera que tenemos vigente de otros cultivos”. (Lea: "En el campo lo que más preocupa es la inestabilidad de ingresos": CCI)

El llamado para preservar la asociatividad

De acuerdo con la gerente de Remolino, lo anterior no puede seguir pasando, en especial cuando desde el Gobierno nacional se promueve la asociatividad entre productores, pues son este tipo de situaciones la que generan desconfianza entre quienes están en el campo.

“Se supone que si en Colombia una de las cosas que fomenta el desarrollo agrícola es la gremialidad, en las situaciones actuales es muy difícil sostener una sociedad, ya que las empresas se ven abocadas a tener problemas financieros, si no se hubiera prorrogado el crédito no tendría cupos para facilitarles recursos a los agricultores y no financiaríamos el cultivo. Si eso hubiera pasado, las 150 personas que están agremiadas se irían a otra asociación o simplemente no sembrarían algodón y esa es la gran repercusión: la desmotivación de los campesinos frente al cultivo por la demora de los pagos”, puntualizó Luisa Fernanda Melo. (Lea: Los desaciertos del Gobierno Santos con el sector agropecuario)